El problema no es la Constitución, sino su aplicación

Algunos actuales críticos al modelo sostienen que la solución es el cambio de Constitución, sin embargo, esto sería un gran error. La Constitución contiene marcos normativos muy claros para la distribución de la riqueza, la generación de equidad entre los ciudadanos y la descentralización de los recursos. El problema está en la aplicación que se le da a la Constitución. Es por ello que en lo que debemos centrarnos es en mejorar la gestión pública. Un ejemplo claro se da con el canon minero.

Como se sabe, el canon es la mejor manera que tiene el Estado para captar los ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables y redistribuir sus ingresos a las zonas donde se realiza la actividad, y muchas de estas son las más pobres del país.

En la actualidad, los ingresos obtenidos por el canon minero son transferidos por el Ministerio de Economía a las regiones. La ley establece que este ingreso debe usarse exclusivamente en obras de desarrollo (proyectos de inversión) que repercutan directamente en la calidad de vida de la población. Sin embargo, en la práctica, esto no se da.

Ya en el año 2004 Ciudadanos al Día emitió un informe en el que tuve el honor de participar y donde advertían de este problema. Utilizando el año 2003 como análisis se descubrió que las regiones utilizaron aproximadamente el 68% de los ingresos provenientes del canon minero en contratación de servicios (consultorías, asesorías, servicios no personales), el 21% en compra de bienes y servicios a proveedores, el 5% en gastos diversos, el 1% en gastos del personal y solo el 5% en proyectos de inversión. Es decir, solo 5% del canon se utilizó en lo que la Constitución establece debe ser su fin.

El canon minero no es la caja chica de las regiones. La Constitución establece claramente su uso, y este no se ha respetado a lo largo de los años. Las empresas mineras cumplen con su parte. Son lamentablemente las regiones las que incumplen, y esto nadie lo dice fuerte y claro. La pregunta es por qué.

Todos los ciudadanos debemos exigir transparencia en la aplicación del canon minero. Los gobiernos regionales tienen el deber de generar los mecanismos de transparencia necesarios para que conozcamos dónde terminan los fondos, así como también tienen el deber de respetar la Constitución.

El canon es un derecho constitucional y la Constitución cumple con su deber descentralista. Para solucionar el problema todos los peruanos debemos priorizar la mejora de la gestión pública y cumplir un rol en esta importante tarea: la empresa privada brindando conocimiento, el Estado fiscalizando a las regiones y los ciudadanos exigiendo transparencia.

Enfoquémonos en lo que realmente debemos solucionar. No perdamos el tiempo. Nuestro país nos necesita.