El Gobierno de las vacilaciones

Uno de los principales problemas que afronta este Gobierno, desde su inicio, son los avances y retrocesos que lo caracterizan. Situación que se está agravando en los últimos días. Ilustraremos esta problemática con dos ejemplos sobre dos temas cruciales. El primero de ellos se refiere al tema clave de la vacunación de los miembros de mesa para las elecciones del 11 de abril. El 13 de febrero el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que los miembros de mesa “tienen que estar totalmente vacunados para el 11 de abril. Eso quiere decir que su segunda dosis deben tenerla la cuarta semana de marzo, y la primera dosis en la primera semana de marzo”, manifestó.

Sin embargo, solo ocho días después, llegó un claro retroceso, ya que el 19.02 el ministro de cultura (¿?) Alejandro Neyra anunció que la vacunación a los miembros de mesa no es requisito indispensable para el proceso electoral. ¿Ustedes aceptarían estar 10 horas en un salón de clases con mucha gente entrando y saliendo sin estar vacunados? Es evidente que muy pocos aceptarían. Estamos a seis días para que finalice febrero y se inicie la primera semana de marzo, periodo en el que el propio ministro Ugarte anunció que debería de aplicarse la primera dosis a los miembros de mesa para llegar sin ningún peligro de contagio a la fecha de las elecciones. Lo que no se entiende es a qué se debe el retroceso en una decisión lógica y que ya había sido anunciada. ¿Alguien sabe qué pasaría si no se pudiera instalar el 50% de las mesas electorales? ¿Es que no coordinan un asunto tan importante en el Gabinete ministerial? ¿O es que se trataría de una excusa para postergar las elecciones?

El segundo importante asunto sobre el que el Gobierno avanza y retrocede es en el tema clave de la participación del sector privado en la importación, distribución y aplicación de las vacunas. Hace meses, el Gobierno se pronunció acerca de la posibilidad de que lo autorizara, pero a los pocos días retrocedió. Luego, hace poco, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo Nº 002-2021-SA, que en el artículo 6 señala que se dará un registro sanitario condicional que faculta al sector privado (laboratorios, farmacias, etcétera) “su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, expendio o uso”. Inicialmente se criticó que los privados querían hacer un buen negocio con las vacunas. Y el Ministerio de Salud descartó que el empresariado compre vacunas. Pero, posteriormente, tanto la Cámara de Comercio de Lima como Confiep plantearon importar vacunas para los trabajadores y sus familiares, las que se otorgarían gratuitamente. Con lo cual se desbarata el argumento del lucro y se lograría vacunar a toda la población mucho más rápido, con los beneficios que ello originaría.

Ahora el Gobierno se encuentra en una situación difícil, porque si denegara la autorización a las propuestas privadas, sería muy criticado, porque, por razones ideológicas, pondría en peligro la vida de millones que se podrían beneficiar con la propuesta anteriormente reseñada. Si el Ejecutivo autorizó el Decreto Supremo Nº 002-2021-SA, lo lógico sería suponer que la oposición no vendría del interior del Gobierno, aunque nunca se sabe si sigue vigente la escopeta de dos cañones. Sería más lógico suponer que la oposición viene de la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez, del Frente Amplio. Agrupación política que además ya no tiene nada que hacer en la contienda electoral según todas las encuestadoras. Otra posibilidad sería que la oposición proviniera de Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, pero sería bastante arriesgado oponerse a una medida que la ciudadanía ciertamente aprobaría. ¿Quiénes son los comisarios políticos del régimen?

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Gobierno persiste en su idea de eliminar este año la convocatoria para los Colegios de Alto Rendimiento. Esto responde a la idea izquierdista de igualarnos a todos por abajo, porque según ellos sería discriminatorio, y está en contra del concepto igualitario. Sería una vergüenza, y tendría un costo político elevado, que en la emergencia en la que nos encontramos, se rechazara la generosa propuesta privada.