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Economista
A partir de un artículo reciente (1) comparto unas reflexiones sobre el aumento de los precios y su efecto sobre el bienestar de los niños vulnerables. Inclusive, antes de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, los hogares vulnerables destinaban una significativa parte de sus ingresos a los alimentos. Ahora, estos hogares pobres enfrentan otro shock derivado del aumento de precios que encarecen aún más la alimentación familiar. Ello puede llevar a inseguridad alimentaria y, por ende, a un aumento de pérdidas nutricionales importantes en los niños.
Existe significativa evidencia que los programas de alimentación escolar han sido una herramienta importante para proteger a los niños vulnerables en zonas donde se registra inseguridad alimentaria, así como un instrumento de protección social cuando los precios de los alimentos se dispararon luego de la crisis financiera global de 2008. En los últimos diez años, una creciente cantidad de países de ingresos bajos y medianos han incorporado la alimentación escolar como una medida costo-efectiva de mejorar los resultados de salud y educativos de los niños en edad escolar. Así, se señala que una de las primeras acciones que los países pueden emprender para estabilizar y potencialmente expandir los programas de comidas escolares es mejorar la eficiencia y garantizar la responsabilidad en los planes existentes.
En el contexto de precios de los alimentos y de los combustibles en alza, la compra a gran volumen de alimentos puede, potencialmente, generar economías de escala y eficiencia y contribuir a reducciones de los gastos de alimentación familiar. Aumentar las raciones alimentarias en la escuela a los niños, incluyendo desayunos y almuerzos, libera de este gasto las familias. Además, es conocido que, en momentos de restricción de recursos alimentarios, las familias pueden privilegiar a los niños en detrimento de las niñas, con lo cual los programas públicos de alimentación escolar pueden evitar este sesgo inequitativo.
Afortunadamente, el país tiene una experiencia para proteger a los niños y adolescentes más vulnerables en estas circunstancias. En el periodo 2013-15 se llevó a cabo el programa Aprendes Saludable, una política intersectorial que integró las acciones de salud escolar del Minsa y el programa Qali Warma del Midis en el espacio escolar para apoyar logros en la educación inicial y primaria del sector público (Minedu).
En el componente de salud, por un lado, se extendió el Seguro Integral de Salud (SIS) a todos los niños en inicial y primaria, sin otro seguro. Por el otro, se introdujo un paquete prestacional de salud escolar compuesto de control de peso y talla, evaluación nutricional y de hemoglobina, monitoreo del cumplimiento del calendario de vacunación, tamizaje de agudeza visual y profilaxis antiparasitaria, así como derivación al establecimiento de salud, cuando fuera necesario, para el tratamiento de anemia y malnutrición, atención oftalmológica, diagnóstico de errores refractivos y entrega de lentes correctores. Aspectos que entonces se contemplaban para su inclusión fueron salud mental, salud bucal y salud auditiva.
Con base en las experiencias vividas y lecciones aprendidas, el Gobierno actual debe relanzar y repotenciar un programa similar, ampliando el programa a los alumnos de educación secundaria, idealmente a todas las escuelas públicas con énfasis en las provincias más pobres, asegurando desayunos y almuerzos nutritivos por medio de Qali Warma, extendiendo la cobertura del SIS a los alumnos de secundaria y a los hijos de migrantes (documentados o no) en la escuela pública. Al paquete prestacional señalado, debe añadirse con urgencia la atención de salud mental, principalmente, debido a los estragos del COVID-19 en los niños y adolescentes. Espero que el próximo ministro o ministra de Salud tome en consideración estas recomendaciones -urgentes y viables- y asuma el liderazgo interministerial que se requiere. Asimismo, que el Congreso de la República apoye con las leyes que sean necesarias. ¡No hay tiempo que perder!