El daño asestado al Sistema Privado de Pensiones

Al hacer un balance del Sistema Privado de Pensiones durante el 2021, uno queda pasmado al observar el descalabro causado por la seguidilla de retiros anticipados aprobados por el Congreso entre el 2020 y el 2021. Es cierto que la pandemia exigía del despliegue de políticas inmediatas que permitieran que las familias tuvieran acceso a liquidez, dada la paralización abrupta de las actividades; y en ese contexto, podía recurrirse de forma excepcional y focalizada a los ahorros que los afiliados tenían en sus AFP.

Es importante poner énfasis en los criterios de excepcionalidad y focalización. Respecto al primer punto, si bien el dinero es de propiedad del afiliado, cierto es también que estos forman parte de los aportes obligatorios en el marco del aseguramiento social, cuya atención se destina exclusivamente a abordar los riesgos de menores ingresos en el período de jubilación. Sin embargo, si se decidiera por atender la emergencia de corto plazo, una buena política pública debía abordarse con mesura para no afectar el financiamiento a la vejez.

En otro tanto, era necesaria la focalización de la medida para complementar el criterio de excepcionalidad, pues esta debía estar dirigida a atender a los que enfrentaran mayores riesgos financieros. Además, en esta misma línea, se debía tener en cuenta si los trabajadores recibían otros flujos de liquidez, como el del acceso al 100% CTS. Al final, como nada de lo anterior se hizo, se terminó desvirtuando el propósito de la medida, dándose prioridad al aplauso fácil que resulta de la debilidad que tenemos los seres humanos por el consumo presente.

Es en este marco de populismo desproporcionado que se aprobaron seis dispositivos legales que autorizaban el retiro anticipado de las Cuentas de Capitalización Individual por importes que no soportaban ningún criterio económico ni social. De hecho, una y otra vez el BCR, la SBS y el MEF, explicaron a los congresistas el despropósito de lo que se pretendía aprobar. Sin embargo, se pudo constatar el desprecio absoluto que estos mostraron por la abundante evidencia y conocimiento que se les presentaba.

Así, “en nombre del pueblo” y sin mediar ningún análisis costo-beneficio, se aprobaron retiros que, por ejemplo, en algunos casos permitieron que el afiliado retirara el 25% de sus ahorros; y, en el último retiro, se habilitó que se accediera a más de S/ 17 mil. Para tener una idea de la irracionalidad de la política, el último retiro significó que algunos afiliados se hicieran con importes que equivalían a cerca de 20 salarios mínimos, o más de 15 salarios promedios de Lima Metropolitana. Al final, todos los retiros anticipados aprobados generaron la salida de S/ 66 mil millones del sistema, lo que equivale a 9% del PBI. Para dejarlo más claro. Antes de marzo del 2020, este monto equivalía a más de 25% del PBI, y hoy, al cierre del 2021, es de 16.4%.

Más allá de que los recursos retirados del sistema pudieran haber sido utilizados para fines muy respetables, es importante subrayar que el costo de oportunidad incurrido por el afiliado ha sido perjudicial para este. Así, por ejemplo, es altamente improbable que un emprendimiento genere las rentabilidades de 11.4% anuales que han brindado las AFP. De hecho, de acuerdo con varios estudios, solo uno de cada diez emprendimientos tiene éxito. Y en otro tanto, los ahorros del sistema bancario, en el mejor de los casos, es la mitad que el que dan las AFP.

Esta hemorragia de recursos ha significado que más de 5.4 millones afiliados hayan quedado con nada de dinero en sus cuentas; y en promedio, aquellos que retiraron y dejaron saldos, han disminuido sus tasas de reemplazo alrededor de 25 puntos porcentuales. Todo esto implica que más pronto que tarde, esta situación terminará presionando al sector público y privado. Al primero, con mayores recursos fiscales ante la elevada cantidad de personas que tendrán poco o nada para la vejez. Y, por el lado privado, la ausencia de recursos que experimentarán los que lleguen a la jubilación, significará que la capacidad financiera de los hijos se vea reducida para atenderlos. Algunos dirán que así ha sido siempre, pero no es verdad. Al día de hoy, ya hay menos descendientes para “repartirse la factura” de los ancianos, debido a la reducción de la tasa de natalidad; y, en otro tanto, los futuros jubilados vivirán más tiempo, ante el incremento de la esperanza de vida. Es decir, un doble golpe financiero a las futuras generaciones.

Y otro aspecto sobre el que nuestros hacedores de política deberán reflexionar seriamente es el impacto macroeconómico que nos trae esta disminución del ahorro a largo plazo. El retiro del 9.0% del PBI del sistema privado de pensiones, reduce tremendamente el mecanismo de crecimiento económico. De acuerdo con diferentes estudios, el sistema de pensiones durante estos casi 30 años de existencia ha contribuido con aproximadamente 0.5 puntos porcentuales de crecimiento anual cada año. Y no solo ello, también ha permitido que la tasa de pobreza sea hoy 3 puntos porcentuales más baja. Sumemos a todo esto el impacto de este mayor ahorro sobre la reducción del costo de financiamiento y el alargamiento de plazos que ha beneficiado a tantas familias. Todo este círculo virtuoso ha perdido fuerza como consecuencia de un conjunto de irresponsables que no atendieron ninguna advertencia.

Y lamentablemente, el país se sigue viendo enfrentado a los mismos riesgos de irresponsabilidad política. Hoy en el Congreso, vuelven a circular medidas que buscan la forma de permitir mayores accesos anticipados a los fondos. Y todas estas iniciativas cuentan con el mismo modus operandi: dicen querer beneficiar al pueblo; no cuentan con análisis técnicos sólidos y siguen mostrando el mismo desprecio por el conocimiento. En este escenario, será muy relevante que se logren consolidar las pocas voces sensatas dentro del Congreso, el Ejecutivo, la SBS y el BCR para detener mayores daños a un motor que ha sido la clave del crecimiento económico sostenido y que es la única base realista para construir prosperidad a largo plazo en el país.