El costo de la inseguridad para las Pymes

La división forzada que se hace entre empresas y ciudadanía, como quien secciona el bien del mal, podría llevar a pensar que nos afectan problemas completamente distintos, como si viviéramos en mundos paralelos, distanciados, estancos y sin puntos de contacto. La realidad, sin embargo, se ha encargado de demostrar que, a pesar de las diferencias naturales, nuestra interacción es permanente y que existen situaciones que nos afectan por igual. Una de ellas es el problema crónico de la inseguridad ciudadana, padecida por todos de alguna forma, a pesar de las promesas electorales y de los ultimátums airados impuestos a la delincuencia para que abandone el país.

Por el contrario, el crecimiento económico de los últimos años prepandémicos y la escasez de estrategias eficaces para mantener segura a la ciudadanía propiciaron el aumento sostenido de la delincuencia, la victimización y la percepción de inseguridad. Muestra de ello es lo reportado por la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas 2018, la única realizada en el Perú sobre el tema, que da cuenta, entre otras cifras de interés, de las grandes probabilidades de que una empresa sea víctima de la delincuencia (45.7%).

Según este estudio elaborado por el INEI, 28 de cada 100 organizaciones fueron víctimas de un hecho delictivo en los doce últimos meses. De las unidades productivas afectadas, el 27% perteneció a la micro y el 30% a la pequeña empresa. Cuando se observa la actividad con mayor victimización se encuentra que 48.8% estuvo relacionado con el comercio; mientras que el 11.5% a industrias manufactureras. El detalle pormenorizado de la investigación evidencia que, precisamente, son las micro y pequeñas empresas las que se encuentran más expuestas a la inseguridad ciudadana que sufre el país.

La poca eficacia del Estado en la persecución del delito nos ha obligado a adoptar medidas de precaución para prevenir que se atente contra nuestra integridad y la de nuestros bienes. Así, desde hace un tiempo atrás, se ha hecho muy común que se destinen recursos a la instalación de cercos eléctricos, cámaras de videovigilancia, sensores, alarmas, seguridad privada, seguros contra robos, entre otras herramientas que en ocasiones resultan insuficientes.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en el Perú existen familias y empresas que no gozan de la capacidad económica para asumir esos costos adicionales. A nivel empresarial, el estudio encontró que más del 70% de organizaciones había implementado medidas de seguridad, que llegaron a significar hasta el 10% de sus costos. Estas cifras nos tendrían que llevar a concluir que existiría un 30% que, al no poder invertir en seguridad, despliega sus actividades con la constante amenaza de ser víctima del delito. Pensemos en el restaurante, en la peluquería, en la botica o en la panadería que son asaltadas a diario, en las pérdidas que sufren, en la imposibilidad de continuar atendiendo y en el tiempo que les toma recuperarse. A muchas de ellas la delincuencia las privó de todo y obligó a los emprendedores de nuestro país a empezar de cero.

Todas estas cifras fueron presentadas antes de que la pandemia empezara y miles de negocios quebraran en el país, meses antes de que la actual crisis económica mermara los recursos de las empresas y las ponga en riesgo de desaparecer. Actualmente, las esperanzas para salvar a la economía nacional están puestas en la reactivación económica, que de ninguna manera puede ser exclusivamente entendida como incremento de aforos, extensión de horarios y levantamiento de restricciones.

El éxito o el fracaso de la reactivación va a depender de las condiciones que sean promovidas desde el Estado, especialmente desde el Poder Ejecutivo. En materia de inseguridad ciudadana, las políticas para combatirla están obligadas a incorporar el enfoque empresarial y, en vista de los resultados expuestos, a prestar especial atención a lo que ocurre con las micro y pequeñas empresas. La inseguridad ciudadana constituye una amenaza para el ejercicio de libertades básicas y un desincentivo para las inversiones en el país, sobre todo, las de los emprendimientos que no cuentan con recursos adicionales para ser destinados a comprar una seguridad que debería estar garantizada por el Estado peruano.

Es por todas estas consideraciones que desde la Asociación Pyme Perú hemos empezado a discutir un conjunto de estrategias destinadas a colocar esta problemática en agenda e incidir en la inclusión del enfoque pyme a las políticas de seguridad ciudadana. Los peruanos necesitamos y merecemos entornos más seguros para trabajar y seguir generando empleo. La reactivación necesita de empresarios, trabajadores y capitales seguros. Es misión del Estado generar condiciones para que invertir en el Perú no se convierta en una actividad de alto riesgo.