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Por Marina Navarro
Directora de Amnistía Internacional Perú
Ante el alarmante deterioro del medio ambiente y el incremento drástico de ataques a personas defensoras de derechos humanos vinculados a asuntos ambientales, Perú inició un decisivo camino hacia la mejora de la protección de sus recursos naturales y la defensa de quienes los protegen. De esta forma, en setiembre del 2018, tras varios años de negociaciones, el Ejecutivo firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Como su nombre lo indica, se trata de un acuerdo (histórico) para la región en términos de acceso oportuno a información ambiental, participación en decisiones que puedan afectar el medio ambiente, justicia ambiental, y protección de personas defensoras, aspectos que de cumplirse, podrían generar verdaderas condiciones para un desarrollo sostenible que beneficie a todas las personas. No representa peligro alguno para la soberanía nacional, como han argumentado algunos grupos en los últimos días, pues el mismo Acuerdo establece claramente en su artículo 3 inciso i, el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales.
¿Por qué proteger a quienes defienden el medio ambiente? Según el último reporte de Global Witness, más de la mitad de los crímenes de defensores ambientales registrados durante 2018 tuvieron lugar en América Latina. Ese año, de 164 ambientalistas asesinados, 83 eran de América Latina. Nuestro país presenta condiciones muy difíciles para que los defensores puedan ejercer su rol sin enfrentar peligros. En Perú, durante la cuarentena por el COVID-19, dos importantes líderes amazónicos, Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu (Huánuco), y Gonzalo Pio Flores, defensor indígena de la Comunidad Nuevo Amanecer Hawai (Junín), fueron encontrados sin vida, en medio de amenazas por la defensa de sus territorios. Ambos casos se encuentran actualmente en investigación por el Ministerio Público.
En 2018, Amnistía Internacional presentó el informe “Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”, en el cual expone cómo las personas que defienden el ambiente y denuncian violaciones de derechos humanos, sufren sistemáticamente campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados. Esta situación fue confirmada a inicios de año por el relator especial de Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, quien en visita al país advirtió sobre el grave riesgo en el que viven las personas defensoras en Perú. Entre sus recomendaciones al gobierno peruano, hay unas específicas contra el acoso y la criminalización, pero también hace hincapié en la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo establece expresamente la obligación de cada país de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además de las medidas de prevención, en el marco de este Acuerdo los países deben tomar medidas para la efectiva investigación y sanción a los responsables, como parte de la justicia que se requiere para poner fin al continuo hostigamiento, amenaza y atentados contra la vida e integridad de defensoras y defensores.
A la fecha, de los 33 países de América Latina y el Caribe, 22 han firmado el Acuerdo, entre ellos Perú, y nueve de ellos lo han ratificado, pero para que entre en vigencia se requiere que 11 países lo ratifiquen. El Congreso de la República tiene la oportunidad histórica de enviar un mensaje claro a la ciudadanía (35 mil personas han firmado una petición para que lo ratifique) y a la comunidad internacional sobre su compromiso auténtico con la agenda para la protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible, en beneficio de todas las personas en nuestra región y en el mundo.
En el actual contexto de pandemia, es importante que la lucha por el disfrute de un medio ambiente sano sea valorada, a fin de garantizar que crisis como la que estamos viviendo no se vuelvan a repetir.