Solo opacidad

Lucha anticorrupción. Desde hace más de 30 años el país viene luchando contra la corrupción enquistada en el aparato estatal. Cada nuevo gobierno que empieza hace del tema una de sus banderas e incluso se pone como ejemplo afirmando tener la moral necesaria para que su gobierno no repita los delitos de sus antecesores. Sin embargo, los hechos terminan desmintiéndolos, primero por el comportamiento de colaboradores cercanos, y luego, incluso, cuando se descubre que los propios presidentes estuvieron involucrados en presuntos actos de corrupción.

El gobierno del presidente Pedro Castillo no es la excepción. Desde cuando era candidato decía que su voto era contra la corrupción y declaraba que “la lucha contra la corrupción sería el eje central de su labor”. Pero olvida que para combatir la corrupción se necesita transparencia, y eso es algo de lo que adolece su gobierno.

En más de una ocasión ha repetido frases como “hemos venido para gobernar, no para robar al país” o “sería triste que un niño tenga al frente a un presidente que siendo maestro meta las manos, las uñas a los presupuestos del país”. Sin embargo, son palabras huecas, pues cuando debe responder a las acusaciones, prefiere el silencio. Es más, pretende fijar quién lo puede o no fiscalizar, pues semanas atrás dijo que serían las rondas campesinas quienes lo investigarían, olvidando que esa no es su función, ya que no forman parte del sistema judicial del país, y ya en dos ocasiones se ha impedido a la Fiscalía realizar diligencias al interior de Palacio de Gobierno.

Mientras tanto, semana a semana la Contraloría General de la República presenta informes sobre diversas entidades donde no se actúa adecuadamente, pero solo puede sancionar administrativamente a los que se hayan producido luego del 21 de julio de este año.

Por su parte, la fiscal de la Nación prefiere mirar de costado para ordenar las investigaciones que se requieren como si prefiriera esperar a que otro presidente deje el cargo para recién iniciar investigaciones. Y las que se inician marchan con pies de plomo. A pesar de las críticas a la prensa, si no fuera por las investigaciones de algunos medios de comunicación sería poco lo que conocerían las autoridades y el país. Los fiscales se olvidan que “justicia que tarda no es justicia”, pues en cinco años ningún expresidente o funcionario vinculado al caso Lava Jato ha sido sancionado, apenas uno está por iniciar juicio oral, el resto sigue en investigación.

Mientras tanto, el Congreso, más allá de la retórica, no da pasos concretos para afianzar la lucha contra la corrupción y, por el contrario, más de un parlamentario tiene conflictos de interés en las comisiones donde participa. Es decir, por donde se mire, ninguna de las instancias del Estado está cumpliendo su labor. La frase es solo un lugar común. Queda, por tanto, a la sociedad liderar esta lucha.