INVESTIGACIÓN. Entre las tantas críticas que se pueden hacer a la labor que realizan los legisladores en los últimos días se ha agregado una más. El presidente de un partido político (César Acuña) está convencido de que, dado que la titular del Parlamento es de su bancada (Lady Camones), él puede utilizar el Congreso como una mesa de partes y una herramienta electoral. Por ello no le tiembla la voz para llamar a Camones y pedirle acelerar la aprobación de un proyecto de ley para crear el distrito de Alto Trujillo pues eso le ayudaría en las próximas elecciones regionales.
Resulta indignante evidenciar, una vez más, que para los políticos del país los cargos públicos no son una oportunidad de servicio público sino una mera herramienta de beneficio personal, ya sea político o económico.
Frente a lo revelado en el audio de nada valen las explicaciones que la presidenta de la Mesa Directiva quiera dar ni la tardía suspensión de su militancia. La misma pulcritud que se le exige al Ejecutivo o a sus contendores dentro del Parlamento es la que ella debió mostrar y no lo hizo.
Por ello es de saludar que la moción de censura admitida a debate y puesta a votación ayer fuera finalmente aprobada por 61 votos dejando vacante el cargo de presidente del Parlamento. Sin embargo, no basta con la censura y la pregunta que queda flotando en el aire es por qué organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía u otros no se han pronunciado sobre estos hechos.
Pese a nuestras claras diferencias con el Gobierno tanto en materia económica como política y sobre todo ideológica y los cuestionamientos sobre la pésima labor que realizan en el manejo del país nombrando funcionarios sin la capacidad adecuada además de las investigaciones sobre delitos de corrupción, es de reconocer que el silencio de dichas instituciones le hace un flaco favor a la lucha anticorrupción en el país.
En más de una ocasión, desde estas líneas hemos reiterado que la lucha contra la corrupción no puede estar sesgada por nombres o tintes políticos. Esa es la única manera en que la ciudadanía tenga confianza en esta labor. Por ello la fiscalía debe dar muestras de que las investigaciones no tienen nombre ni matices, y en este caso lo que correspondía era iniciar una investigación de oficio. Si la Fiscalía no actúa en este caso le estaría dando la razón al Gobierno cuando habla de investigaciones direccionadas y estaría poniendo en riesgo la consistencia de las acusaciones que realiza.