Editorial de Gestión. La corrupción no se define por montos ni por actores, sino por acciones. (Foto: Congreso)
Editorial de Gestión. La corrupción no se define por montos ni por actores, sino por acciones. (Foto: Congreso)

CORRUPCIÓN. Desde que se iniciaron las investigaciones en el caso Odebrecht, Club de la Construcción y otros casos similares, Gestión destacó la necesidad de investigar todos los indicios y declaraciones, quedando en manos de la justicia la labor de establecer las culpas en los procesos donde las hubiera. Frente a la información difundida el fin de semana –dada por un aspirante a colaborador eficaz respecto al pago de un presunto soborno a favor del actual presidente Martín Vizcarra cuando ocupó el cargo de gobernador regional– la situación no puede ser diferente.

Es necesario que la Fiscalía realice su trabajo y evitar que se precipiten las conclusiones. No hay que cometer los errores que han ocurrido en anteriores investigaciones sobre casos de corrupción. Pero esto, a su vez, no puede usarse para un aprovechamiento político, como pretende la bancada de UPP al plantear nuevamente un pedido de vacancia solo a base de las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz.

Si bien las declaraciones merecen ser valoradas, no se puede saltar directamente a acusaciones, y ese debe ser el criterio para todos los casos que se investigan. Lamentablemente, no siempre ha sido así. El mandatario ha mostrado su enojo por la forma en que se trata su caso, pero con ningún otro investigado que también fue “culpado” por aspirantes a colaboradores se le ha visto la misma indignación.

La primera denuncia sobre la existencia del Club de la Construcción la realizó Pedro Pablo Kuczynski, la hizo en marzo del 2016 cuando era candidato presidencial. Si bien Martín Vizcarra hizo lo propio, brindando información más detallada, ocurrió recién tres meses después de dejar su cargo de ministro de Transportes (agosto 2017), un mes después de que Indecopi ya había realizado unas inspecciones iniciales.

La investigación es necesaria, más aún cuando la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señala que la información existente en el caso Richard Cisneros sí amerita abrir una investigación contra el presidente Vizcarra (que estará suspendida hasta que termine su mandato). Lo mismo podría ocurrir en el caso Obrainsa, pero se requiere que la Fiscalía tenga la autonomía y la tranquilidad para realizar su labor. Por eso, si bien Martín Vizcarra tiene intacto su derecho de defensa, debería ser prudente y no apresurarse a soltar acusaciones respecto de las razones por las que un aspirante a colaborador decide declarar.

La corrupción no se define por montos –como pretende insinuar el mandatario– ni por actores, sino por acciones. Esa es una lección que el país no puede olvidar. No hay corrupción pequeña.

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