Estado S.A.

Actividad empresarial. Es usual que en las elecciones los candidatos se pronuncien muy poco sobre la actividad empresarial del Estado. Muchos no están a favor, pero como esa postura es muy impopular, guardan silencio. Sin embargo, el reciente proceso electoral rompió con esa tradición porque sí se habló de una mayor participación del Estado en la economía. Algunas agrupaciones plantearon el renacer del Estado-empresario, bajo el argumento de “actividades estratégicas” que por diversos motivos, la mayoría incoherentes, no pueden ser manejadas por el sector privado.

Ese concepto imperó en las décadas del 70 y 80, y llegó a abarcar un extendido abanico de sectores, desde alimentos hasta el transporte y la banca de fomento, sin olvidar la intermediación, pues también hubo Estado-comercializador y hasta Estado-cambista. La mala gestión, la corrupción y el clientelismo se trajeron abajo ese modelo, que colapsó completamente a fines de los 80. En la actual coyuntura vale la pena saber cómo recibirá el nuevo Gobierno la actividad empresarial que el Estado desempeña en sectores como saneamiento, electricidad, finanzas, hidrocarburos, infraestructura de transporte y otros.

Fonafe tiene bajo su ámbito a 35 de esas empresas y actúa como una especie de holding del Estado, lo que obliga a sus “subsidiarias” a cumplir estándares de gestión. Están todas excepto Petroperú –que desde el 2006 goza de autonomía administrativa y presupuestaria– y 49 de las 50 prestadoras de servicios de saneamiento de todo el país (solo figura Sedapal), que dependen de sus respectivos municipios y son supervisadas, en teoría, por Sunass.

El MEF informó que al primer trimestre, y luego de cinco años deficitarios, las empresas públicas registraron un superávit de S/ 1,947 millones. Ese sería un argumento a favor de la eficiencia de estas entidades, pero en realidad el resultado se debió a factores como transferencias del Gobierno nacional (Sedapal), mayores ingresos por venta de hidrocarburos por el alza de sus cotizaciones (Perupetro) e ingreso de capital por emisión de bonos (Petroperú), es decir, se trató de factores exógenos. Además, la obtención de utilidades no es el único indicador de eficiencia en empresas, cuya razón de ser es el bienestar público vía la prestación de servicios básicos.

Y también suelen generar problemas a largo plazo. Es el caso de Petroperú y su nueva y cuestionada refinería en Talara. El proyecto arrancó el 2014 y su inversión original era US$ 1,000 millones, monto que a la fecha se ha quintuplicado. ¿Eso es eficiencia?