Editorial: Tubo picado

Petróleo. El Oleoducto Norperuano, que transporta petróleo crudo desde la selva, en el departamento de Loreto, hasta Bayóvar, en Piura, cruzando los Andes, fue una de las obras emblemáticas de la dictadura militar. Data de 1977, cuando se creía que el futuro del Perú estaba asegurado por su supuesto potencial petrolífero. No se previó que la infraestructura iba a necesitar de un costoso y constante mantenimiento; tampoco se pensó en los daños ecológicos que ocasionarían las eventuales fugas y derrames –como consecuencia,  precisamente, de la falta de mantenimiento–.

Mucho menos se tuvo en cuenta a las comunidades nativas, que son las que sufren directamente las consecuencias de los derrames. De hecho, la única presencia del Estado que estas poblaciones ven es la enorme tubería que se lleva un recurso que consideran suyo. Esa ausencia, que no ha podido revertirse a pesar de que los distritos y provincias por los que pasa el oleoducto reciben canon, es el motivo principal de la actual paralización de sus operaciones, que ya lleva 70 días.

En diciembre, la comunidad de Mayuriaga atacó el ducto, provocando un derrame, y se ha negado a desbloquear el ingreso de técnicos para que lo reparen. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), esa medida de fuerza ha provocado la pérdida de producción de 10,000 barriles diarios de petróleo y un perjuicio económico que superaría los US$ 40 millones. El gremio contabiliza 45 “actos de sabotaje” contra los sistemas de transporte de hidrocarburos en la selva norte y central entre el 2011 y el 2018.

Esto evidencia que el Estado y, en particular, Petroperú –la empresa estatal que administra el oleoducto–, no han sido capaces de abordar el problema, que no consiste únicamente en escuchar los reclamos de las comunidades, sino en buscarles una solución satisfactoria. El propio presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha reconocido que Petroperú ha incumplido los compromisos asumidos con las comunidades. Ello a pesar de que la estatal creó una oficina de asuntos comunitarios.

Los continuos derrames causados por la obsolescencia del ducto son el resultado de la incompetencia de Petroperú, y las perforaciones no son realizadas únicamente por gente que busca beneficiarse económicamente. Y mientras se siga considerando que las comunidades son parte del problema, los reclamos continuarán, con el riesgo de que las medidas de fuerza se radicalicen aún más. Ya no bastará con hacerles firmar pactos que los representantes del Estado –incluidos gobernadores y alcaldes– no honran.