Editorial: Sin rumbo claro

LAS BAMBAS. Si algo caracteriza a los últimos cuatro gobiernos es su falta de capacidad para afrontar los conflictos sociales y resolverlos. Lo que sucede con el proyecto minero Las Bambas y las comunidades aledañas no es la excepción.

Desde el 2004, cuando se abrió la convocatoria pública para el proyecto Las Bambas, los conflictos se han ido sucediendo. En los años 2005 y 2012 fueron episodios aislados que culminaron con mesas de trabajo, pero en el año 2015 el conflicto duró casi todo el año y conllevó pérdidas de vidas humanas, algo que se repitió en el 2016, incluso el actual presidente Martín Vizcarra —entonces ministro de Transporte— tratando de lograr acuerdos afirmó que la empresa a cargo de Las Bambas sería el principal aportante para la construcción de la carretera y que las comunidades deberían recibir un pago por el uso de sus terrenos por parte de la empresa. En el 2017 y 2018 el conflicto se mantuvo.

¿Por qué el Estado, en sus distintos estamentos, ha sido incapaz de poder llegar a una solución permanente? Se trata de un problema que tiene varias aristas. En primer lugar, son muchos los actores, no se trata de las necesidades de una comunidad sino de varias. El PBI de Apurímac ha mejorado desde la llegada de Las Bambas, pero el avance de los indicadores sociales aún es lento. La tasa de desnutrición crónica es de 20.9% y el 44.9% de los hogares aún depende de algún programa alimentario. Si bien el proyecto representa el 74% de los ingresos de la minera MMG, el 16% de cobre del país y el 1% del PBI, las comunidades aledañas al proyecto no evidencian una mejora en sus condiciones de vida. Los impuestos no se han traducido en beneficio.

Estas carencias concretas son aprovechadas por agitadores y oportunistas que sin ser parte de las comunidades las azuzan por algún interés particular ya sea político o económico y llegan incluso a extorsionar a las empresas como al parecer ha ocurrido en el caso concreto de Las Bambas.

Para contar con la licencia social las empresas deben actuar como un “buen vecino” y no todas lo hacen oportunamente. En general, el comportamiento empresarial en las actividades extractivas todavía no alcanza los estándares que se requiere. Pero lo que tanto autoridades como empresarios deben entender es que, si el crecimiento del país se sigue haciendo de espaldas a la población que más lo necesita, los conflictos nunca se detendrán, más aún cuando no hay principio de autoridad.