La tragedia del bus enlutó a los limeños. (Foto: Giancarlo Ávila)
La tragedia del bus enlutó a los limeños. (Foto: Giancarlo Ávila)

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL. Como ocurre casi siempre, las tragedias permiten mirar las carencias y problemas que existen en diversas áreas del país, pero lamentablemente sin que luego se logré un cambio definitivo. Lo sucedido el domingo con el incendio del bus de la empresa Sajy no sería la excepción.

El percance puso de manifiesto, una vez más, la falta de capacidad de todas las autoridades involucradas para poder reducir los accidentes. En las primeras horas, tal como ocurre siempre, las autoridades como Sutran, el Ministerio de Transportes y el municipio de San Martín de Porres buscaban minimizar su responsabilidad en los hechos.

El local que utilizaba la empresa Sajy como paradero había sido clausurado semanas atrás por la municipalidad, la Policía y Osinergmin, pues se detectó que se suministraba combustible en forma ilícita. Sin embargo, los buses hicieron caso omiso a la clausura y siguieron utilizando el espacio. ¿No se hizo una fiscalización posterior para verificar que se cumpliera con la clausura? ¿Los buses pueden estar en la vía pública sin que nadie los multe?

La cruda realidad es que en el país hay más de 150 corralones que sirven de paradero para buses interprovinciales, eso debido a que la ley permite que cualquiera que tiene un espacio pueda solicitar la autorización de paradero con una simple declaración jurada. ¿Después de tantos accidentes nadie se dio cuenta de la necesidad de cambiar la norma? El ministro Edmer Trujillo anunció que su cartera está trabajando para modificar la ley para que solo se permitan terminales al servicio público y no permitir terminales por cada empresa, anuncio que hace como si se tratará de un problema reciente.

Si bien la empresa contaba con autorización de funcionamiento, debía partir de un paradero legal y, según Sutran, por eso será sancionada con la clausura temporal. ¿Sutran tiene la capacidad de poder fiscalizar a las empresas de transporte en cada uno de los 150 paraderos que funcionan en el país? ¿Quién fiscaliza a los buses que parten desde paraderos informales?

¿Puede tener autorización una empresa de transporte interprovincial sin que sus buses cuenten con las mínimas medidas de seguridad, quién debe verificar que las cumpla? Si bien tanto la empresa como las autoridades tienen su cuota de responsabilidad, lo cierto es que los ciudadanos también tienen su parte. Los usuarios de todo tipo de servicios deben ser conscientes que la informalidad seguirá existiendo mientras haya quienes la consuman.