Videos muestras cómo salió César Hinostroza del país hacia Ecuador. (Foto: USI)
Videos muestras cómo salió César Hinostroza del país hacia Ecuador. (Foto: USI)

LUCHA ANTICORRUPCIÓN. Apenas hace dos días, Gestión se preguntaba si la labor de la Fiscalía estaba siendo lenta pero segura en su lucha contra la corrupción, y ahora dos nuevos hechos responden en parte a esta interrogante.

El primero fue la confirmación de la fuga del ex juez supremo César Hinostroza, su llegada a Madrid y la solicitud de su asilo político. Esta información gatilló inmediatamente la búsqueda de culpables de este grave hecho, y como suele suceder, no todas las instancias han asumido el porcentaje de responsabilidad que les compete.

Por el lado del Ejecutivo, la responsabilidad política del área de migraciones, por permitir la fuga a pesar de la orden de impedimento de salida del país, y de la Policía, por no hacer un correcto seguimiento de Hinostroza, la asumió el ministro del Interior Mauro Medina, y por ello se le aceptó su renuncia. Sin embargo, desde el Congreso, su presidente, Daniel Salaverry, ha señalado apenas responsabilidades administrativas, por no entregar a tiempo a la Fiscalía el expediente que contenía la denuncia contra Hinostroza, desconociendo que esta documentación era necesaria para que el fiscal Pablo Sánchez pudiera fundamentara la solicitud de detención.

Pero esta fuga no solo deja ver la falta de mea culpa de las instituciones, sino que pone en duda la capacidad de todo el aparato público para impedir la salida de quienes están siendo investigados por delitos de corrupción, lo que podría tentar a otros a seguir el camino de Hinostroza.

El segundo hecho fue el fallo de la Segunda Sala Penal que declaró nula la resolución que otorgó el pedido de prisión preliminar planteado por el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y 19 personas más. La importancia de esta decisión radica en la sustentación utilizada por la Sala para amparar el pedido de nulidad, pues critica que en lugar de hacer un análisis de los fundamentos del fiscal y luego motivar su resolución, el juez únicamente ha repetido los argumentos fiscales (incluso con errores ortográficos) y el tiempo que dedica el juez al caso debe estar en función de su complejidad; en el caso, le llama la atención que en menos de 15 horas pueda resolver una solicitud de 184 páginas.

Esta resolución obligará a los jueces a ser más cuidadosos con sus resoluciones y debe obligar a los fiscales a mejorar su fundamentación sabiendo que pocos magistrados volverán a aceptar “ciegamente” sus argumentos. Ahora le corresponde a la Fiscalía replantear toda la estrategia legal que viene aplicando para encontrar la forma de no perder el paso a los procesos que están en marcha.