Editorial:Rezagados y marginados

POLÍTICA LABORAL. Solo el 5.5% de jóvenes peruanos (entre 15 y 29 años) busca trabajo a través de los servicios gubernamentales de empleo, porcentaje que es 47.6% en los países europeos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el Perú aspira pertenecer. Muchos, especialmente los que poseen menos capacitación laboral, no recurren a esos canales de intermediación porque buscan empleo en el sector informal.

Pero la subutilización de esos servicios no es el único obstáculo. Es que tampoco cuentan con personal suficiente: al 2016, solo tenían 221 asesores, lo que equivalía a 1,300 personas por asesor –el promedio en países europeos de la OCDE es 202–. Estos datos provienen de un estudio que la OCDE acaba de publicar, “Investing in Youth Peru”, que hace recomendaciones de política laboral basadas en el diagnóstico de la situación de empleabilidad de los jóvenes peruanos y en la experiencia de otros países.

Para empezar, indica que el gasto en políticas laborales activas –las que tienen efectos directos en la contratación– es demasiado bajo como para generar un impacto significativo. Lo que entorpece aún más su efectividad es que sus limitados recursos humanos y financieros no están dirigidos a programas que eleven la empleabilidad juvenil. Por ejemplo, aproximadamente el 75% del gasto se concentra en programas de obras públicas que carecen de un componente de formación vocacional.

El informe también se enfoca en los grupos de jóvenes que sufren discriminación laboral: indígenas, afroperuanos y mujeres –y que reciben escasa atención, quizá con la excepción de investigaciones de la Universidad del Pacífico–. La OCDE señala que la política antidiscriminatoria no debe focalizarse únicamente en escolares y el público en general, sino además en los propios profesores y en las empresas. Al respecto, recomienda que los programas de empleo se fijen metas de atención a esos grupos y que, además, contraten personal de ese mismo origen.

A fin de reforzar la integración de las minorías en la educación, el estudio plantea fijar cuotas para estudiantes afroperuanos de alto rendimiento en los programas educativos Beca 18 y Beca Doble Oportunidad, al igual que ocurre con los de zonas andinas y amazónicas. Asimismo, evalúa el problema de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan (NINI), que en el Perú se ha agravado desde el 2010.

El estudio enmarcado dentro del “Programa País” que el Perú suscribió con la OCDE el 2014 y fue financiado por el Gobierno peruano. Contiene propuestas prácticas mucho más plausibles que las generalidades que se suelen mencionar cuando se habla de “reforma laboral”.