Palacio de Justicia  (Foto: Andina)
Palacio de Justicia (Foto: Andina)

DELITOS. Hasta el momento, el Poder Judicial no ha podido generar confianza o lograr que la población crea que es independiente. No solo se trata de los ciudadanos o las empresas, incluso los políticos desconfían de la labor que realiza la judicatura.

Las críticas son diversas: interferencia política, jueces que reciben coimas, delincuentes que son soltados a horas de haber sido capturados por la Policía, juicios interminables, presos sin sentencias, falta de predictibilidad, etcétera. En momentos en que la lucha contra la delincuencia (ya sea la de los carteristas o las mafias) y la lucha anticorrupción son los temas de mayor preocupación para el país, resulta peligroso que no se pueda confiar en las entidades encargadas de hacer justicia. Por ello, es indispensable acabar con la corrupción y buscar la celeridad, la independencia y la idoneidad tanto del Ministerio Público, como de las cortes Superior y Suprema, el Consejo Nacional de la Magistratura e incluso el Tribunal Constitucional.

Es verdad que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, está intentando darle una nueva mirada a su entidad, y para ello están elaborando un proyecto para reorganizar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, entidad encargada de nombrar y evaluar a los jueces, y otro para modificar las reglas de la competencia en los casos de amparo de hábeas corpus, para evitar que estas demandas se puedan presentar en cualquier lugar. Sin embargo, la reciente decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (de retirar la competencia de los casos de corrupción de la Sala Penal Nacional) tampoco ayuda mucho a dar la imagen de trabajo independiente que el país requiere.

Si bien el Sistema Especializado de Delitos de Corrupción se creó en diciembre del 2016 y el traslado de los casos que tuvieran a la corrupción como base era solo cuestión de tiempo, genera dudas que, en momentos en que se dice que llegará mucha más información en los casos vinculados a Lava Jato, que afectará a altas personalidades políticas, se tomen estas decisiones. Los ojos del país estarán sobre estos nuevos jueces, y si ellos no logran mostrar la misma severidad que ha tenido hasta el momento la Sala Penal Nacional de nada servirán los cambios que plantea Duberlí Rodríguez, y la credibilidad y eficacia del Ministerio Público y el Poder­ ­Judicial seguirán en tela de juicio.