Editorial: Responsabilidad empresarial

CORRUPCIÓN. La orden de prisión preventiva dictada ayer contra cinco empresarios acusados de presunto soborno en el caso Odebrecht vuelve a poner en primera plana la responsabilidad empresarial en la lucha contra la corrupción y las acciones concretas que se deben adoptar para que no se vuelvan a repetir los hechos delictivos.

A inicios de este año (Gestión 27.01.2017), advertimos que los códigos de ética o conducta gremiales no están funcionando, tampoco se han visto acciones concretas del Consejo Privado Anticorrupción, formado por 17 gremios hace más de un año, y la Comisión Nacional Anticorrupción avanza a pasos muy lentos y muchas veces solo para la foto.

Antes del caso Odebrecht, otros empresarios han demostrado una falta de comportamiento ético y en algunos casos han sido sancionados por haber violado la ley sin que los gremios a los que pertenecen los hayan expulsado o siquiera se hayan pronunciado al respecto.

Todo esto ha generado que el 45% de peruanos considere que en las empresas privadas hay mucha corrupción, tal como revela Pulso Perú en octubre de este año. Está percepción no cambiará si los gremios empresariales siguen con una actitud pasiva frente a las denuncias que se van generando.

En ese sentido es necesario un claro pronunciamiento de los gremios que, además, se traduzca en acciones y sanciones concretas. La población reclama que las empresas involucradas reconozcan sus errores y que tanto ellas como los gremios que integran encuentren la forma de evitar que estos actos vuelvan a ocurrir y que, si sucede la primera sanción, sea la de los pares que, en más de una ocasión, han preferido cerrar los ojos.

Desde el punto de vista judicial es importante que en un caso tan grave como Lava Jato todos los implicados paguen por sus delitos. Sin embargo, bien haría la Fiscalía en no abusar de una figura como la detención preventiva, pues a pesar de existir ya catorce órdenes dictadas, hasta el momento no se ha planteado aún ninguna acusación ni se han iniciado los juicios orales. Si en el caso de lavado de activos el fiscal puede solicitar hasta 36 meses para investigar, esta prisión preventiva podría convertirse en la práctica en una condena anticipada. Justicia que tarda no es justicia, dice una frase popular, en este caso requerimos una justicia célere y definitiva.

Debe haber un castigo ejemplar, pero sin que signifique matar a las empresas y en este último punto el Congreso tiene la palabra.