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Editorial: Solo por represalia

Editorial de Gestión. "La razón de ser de la propuesta no es hacer más eficiente el gasto estatal, sino ‘castigar” a ciertos medios".

Publicidad estatal

Foto: USI

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PUBLICIDAD Y MEDIOS. A pesar de los argumentos y advertencias generados en el debate público y de las observaciones planteadas por el Ejecutivo a la autógrafa de ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, la Comisión de Transportes —dominada por Fuerza Popular— aprobó su insistencia por mayoría. Así, si esta norma se aprueba nuevamente en el pleno del Congreso, las entidades públicas, incluidas las de derecho privado únicamente podrán publicitar sus tareas de gestión en los medios de comunicación del Estado y a través de redes sociales sin importar el alcance que dichos medios tengan.

El argumento central utilizado para aprobar esta norma es que los gobiernos desde el 2001 han incrementado el gasto en publicidad al punto que en la administración de Ollanta Humala se gastaron S/ 916 millones y en los 18 meses de Kuczynski se gastaron S/ 570 millones, y que este dinero pudo ser mejor utilizado —aunque la propuesta no cuenta con un análisis detallado del costo-beneficio de la medida—. Sin duda, buscar que el gasto estatal sea productivo y enfocado en cubrir las necesidades de los peruanos es una tarea necesaria, pero, tal como señaló el congresista Richard Arce, lo más eficiente es restringir la partida destinada a la publicidad y ponerle límites al tipo de publicidad que se utiliza.

Sin embargo, el argumento que está detrás de la medida y del que no se habla directamente fue esbozado hace unas semanas por el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, cuando dijo: “La ley de los medios ‘mermeleros’ vamos a aprobarla de todas maneras”, es decir, la razón de ser de la propuesta planteada por el congresista Mauricio Mulder no es hacer más eficiente el gasto estatal, sino “castigar” a ciertos medios de comunicación que, a criterio de los parlamentarios, son subsidiados por el Gobierno gracias a la publicidad estatal, y que, según ellos, “atacan” o “defienden” a los políticos en función a dicho ingreso.

Este interés subalterno queda en evidencia si se toma en cuenta que cuando el Gobierno presentó sus observaciones al proyecto, el presidente de la Comisión de Transportes, Roy Ventura, señaló que la iniciativa podría ser mejorada con las recomendaciones del Ejecutivo, sin embargo, días después se dio el desencuentro entre el Congreso y los medios de comunicación, y la propuesta puesta en discusión el día de ayer no fue modificada ni en una coma.

Esta represalia a los medios de comunicación podría perjudicar más al Parlamento que a las empresas privadas, pues el Congreso puede terminar sentado en el mismo banquillo que Venezuela, ya que la norma será motivo de una acción de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional y también ante organismos supranacionales. Una pena que el lado más oscuro del Parlamento se haya impuesto.

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