SUNEDU. La reforma de la educación universitaria siempre ha estado en peligro. Desde su promulgación, en julio del 2014, la Ley Universitaria estuvo bajo ataque y la principal receptora de las embestidas ha sido la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), creada por dicha ley y cuyo primer encargo fue depurar el caótico sistema de licenciamiento que entonces existía y, en consecuencia, incentivar la mejora de la calidad de la enseñanza.

Era bastante obvio que la labor de la Sunedu iba a chocar con poderosos intereses económicos, cuyos negocios construidos sobre establecimientos que llevaban el membrete de “universidad” sin serlo realmente, corrían peligro de desaparecer. Un primer intento por traerse abajo la reforma llegó hasta el Tribunal Constitucional, que en enero del 2016 ratificó la constitucionalidad de la entidad.

A la fecha, la Sunedu ha denegado el licenciamiento a 12 centros de estudios por no cumplir con condiciones básicas de calidad (CBC), mientras que ha exigido a otros cerrar sedes y carreras profesionales para obtener su visto bueno. Así que cuando el temor de muchos propietarios comenzó a materializarse, las arremetidas se intensificaron. En paralelo, ha habido citaciones en el Congreso a ministros de Educación y jefes de la Sunedu, y formación de comisiones investigadoras.

La última de estas fue la primera decisión tomada por la Comisión de Educación del Congreso, ahora presidida por Tamar Arimborgo, conocida por sus controvertidas declaraciones. Según la moción, aprobada por mayoría, se debe investigar a la Sunedu por una larga lista de supuestas irregularidades, desde administrativas hasta de supervisión y otorgamiento de licenciaturas, e incluso de sesgos políticos e ideológicos. Si bien cualquier entidad puede ser investigada por el Congreso, la que se pretende realizar contra la Sunedu no suena a independiente, sino que podría estar siendo impulsada por los lobbies interesados en que no se continúe con la reforma. La labor de la Sunedu puede no ser perfecta, pero ha avanzado denegando el registro de “universidades” que no cumplían con las CBC.

El riesgo es que terminada la investigación, se busque ampliar los plazos para la certificación permitiendo así que establecimientos que ya no deberían funcionar sigan haciéndolo. Ya hay 80 universidades licenciadas y 53 que están en distintas etapas del proceso. Además, la Sunedu ha iniciado el proceso de licenciamiento de la carrera de Medicina en universidades ya licenciadas. Esos avances tienen que continuar, aunque se intente ponerles freno.