​Lava Jato: Equipo Especial llega a Brasil por más interrogatorios
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CASO LAVAJATO. La demanda planteada por la empresa Odebrecht contra el Estado peruano respecto al proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) cayó como balde de agua fría. Sin embargo, esa posibilidad siempre estuvo presente. En mayo del 2017, la compañía informó al Gobierno el inicio de un proceso de trato directo en el marco del tratado bilateral de la inversión con Luxemburgo como pasó previo para poder iniciar un arbitraje. Sin embargo, el hecho de que se hubiera firmado un acuerdo de colaboración entre el Estado y la empresa hacía suponer, incluso a los fiscales y el procurador, que esta hubiera declinado de cualquier demanda. Aunque los críticos al acuerdo no tenían esa expectativa.

Y quizás esa fue la sorpresa, enterarse que ni los fiscales, ni el procurador habían negociado la inclusión de una cláusula que estableciera que Odebrecht declinaba de cualquier demanda contra el Estado. El fiscal Domingo Pérez, argumenta que, según el acuerdo, el Estado puede usar toda la información recabada a través del acuerdo para cualquier arbitraje. Sin embargo, hubiese sido mejor no tener que llegar a un proceso.

Si bien la Fiscalía no representa al Gobierno, sí representa al país y al momento de negociar el acuerdo debió buscar lo mejor para el Perú, con mayor razón el procurador cuya función es defender a la Nación, y según los hechos no lo hizo. Si el acuerdo le da ciertos beneficios a Odebrecht a cambio de información resulta reprochable que se le permitiera mantener la opción de demandar al Estado.

Dado que no se conoce la totalidad del acuerdo y que seguramente no se conocerá, pues el procurador Jorge Ramírez sostuvo en su momento que “se podría dar a conocer otras partes siempre y cuando no perjudique la estrategia de la Fiscalía”. Cabe preguntarse ¿qué otras perlas contendrá el acuerdo?

Pese a estos sinsabores, el combate a la corrupción no puede detenerse y menos puede permitirse que los errores de la Fiscalía sirvan de argumento para no sancionar a los corruptos. Gestión siempre ha estado a favor de la lucha contra la corrupción y con la necesidad de los acuerdos de colaboración eficaz y lo sigue estando. Pero lo que no se puede aceptar ni a los fiscales ni al procurador es que se tilde de corruptos a todos los que expresan sus dudas y críticas. De igual manera, son inaceptables los actos de agresión contra la esposa del fiscal Domingo Pérez.

Las críticas seguirán y los fiscales están obligados a responder las dudas de la población. Esperemos que la Fiscalía y la Procuraduría cambien su estrategia de comunicación.