Editorial:Prevención o abuso

PRISIÓN PREVENTIVA. Las cifras oficiales señalan que existen 85,000 personas presas en el país, pero más de la mitad de ellas están sin sentencia, es decir, cumplen prisión preventiva. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más extendidos en América Latina y este uso abusivo es uno de los signos del fracaso de la administración de justicia en la región.

Para la mayoría de peruanos la frase prisión preventiva está asociada a las investigaciones por corrupción del caso Lava Jato, pero en realidad esta figura se usa desde mucho antes y con el mismo nivel de exceso. En un Estado de derecho, la detención preliminar o la prisión preventiva son figuras excepcionales, es decir, se deben aplicar solo como último recurso. Los fiscales que investigan deben hacerlo con los sospechosos en libertad, aplicando todas las medidas restrictivas previas a la prisión, como el impedimento de salida del país, el arresto domiciliario o incluso el grillete electrónico. El último recurso es la prisión.

En el caso específico de la investigación por Lava Jato, la Fiscalía no ha podido demostrar la eficacia de esta medida. Cuando en julio del 2017 solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, argumentó que tenía información suficiente para presentar ese fin de año la acusación fiscal respectiva y dar inicio al juicio contra ambos. Sin embargo, aún no existe acusación ni en ese ni en ningún otro caso.

Cabe preguntarse qué indicios presenta la Fiscalía ante los jueces para convencerlos de la necesidad de esta medida extrema, si luego no es capaz de armar un caso y presentar la acusación. Desde el primer pedido de prisión preventiva, Gestión (27.03.2018) señaló que si esta medida no era breve y no generaba una acusación solo perjudicaría los procesos. Hoy, el abuso en el uso de estas medidas es más que evidente. Y decirlo no es una intromisión ni una defensa de la corrupción.

Tal como señalamos ayer, hace mal el fiscal José Domingo Pérez en buscar descalificar las críticas o considerarse intocable. El presidente Martín Vizcarra solo hizo un llamado a la reflexión al pedir que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía evalúen los pedidos de prisión preventiva pues “se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos”.

Los errores judiciales y el abuso del derecho existen y defender la lucha contra la corrupción de ninguna manera significa avalarlos.