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Editorial: El “plazo peruano” 

Editorial de Gestión. "El incumplimiento de los plazos fijados por leyes afecta a la economía”.

economía peruana en el 2019

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CATASTRO. El incumplimiento de plazos es un mal nacional. Y es más pernicioso que la infame “hora peruana” –nuestra arraigada costumbre de llegar tarde–. Ya sean los estudiantes o empleados que se desvelan un par de noches para terminar un trabajo porque se pasaron los meses previos distraídos con el smartphone; o los ministros, viceministros, congresistas, alcaldes o gobernadores, que no repararon en que la norma legal establecía fechas para que se hiciera lo que disponía, el “plazo peruano” es una de nuestras peores señas de identidad.

Esto se evidencia en los decretos legislativos (D. Leg.), las leyes que emite el Ejecutivo al amparo de facultades delegadas por el Congreso. Estas normas suelen fijar plazos para la publicación de reglamentos, implementar procesos o iniciar o completar reformas. Nos concentraremos en dos que tienen que ver con el ordenamiento catastral: el D. Leg. 1283, promulgado en diciembre del 2016, que hace modificaciones a la Ley Forestal, y el D. Leg. 1365, promulgado en julio del año pasado, que dispone el desarrollo del catastro urbano nacional.

El primero dispuso que los gobiernos regionales elaboren la zonificación forestal en sus jurisdicciones, como requisito para otorgar concesiones. Pero dado que esa tarea era ardua y costosa, contenía excepciones que permitieron a dichas instancias subnacionales seguir concesionando áreas, mientras (supuestamente) trabajaban en sus zonificaciones. Esas excepciones duraron dos años y vencieron en diciembre pasado. Desde entonces, no se han otorgado nuevas concesiones, lo que significa que no ha habido nuevas inversiones forestales.

Se ignora si algún gobierno regional ha avanzado en su zonificación –o si por lo menos la ha iniciado–. Tampoco se sabe qué papel han desempeñado los ministerios de Agricultura y del Ambiente para hacer cumplir la ley. Lo que está claro es que se han perdido más de cinco meses por causa del incumplimiento de un plazo, bastante largo por cierto, fijado por una norma que irónicamente pretendía hacer una “simplificación administrativa”.

El otro D. Leg. tampoco se ha respetado. Establecía 180 días calendario para la implementación del catastro urbano nacional. Sin embargo, el director ejecutivo de Cofopri, César Figueredo, declaró a fines del año pasado que el trabajo se iniciaría en julio –o sea, doce meses después de publicada la norma–. La falta de un catastro actualizado y completo es una de las causas de que la recaudación por Impuesto Predial sea tan baja (apenas 0.3% del PBI), y que esté concentrada en muy pocas ciudades (Lima, Callao e Ica). Es claro, entonces, que el incumplimiento de plazos afecta a la economía.

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