Editorial:Pensiones e informalidad

TAREA PENDIENTE. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y todos los intentos de los gobiernos, y de las propias AFP, por hacerlo atractivo para los trabajadores y empleadores se han quedado a medio camino. El resultado es que los aportes al SPP son considerados una carga obligatoria y costosa, lo que origina que muchos elijan el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), manejado por el Estado, a pesar de que sus afiliados no poseen una cuenta individual.

Los políticos (y un buen número de comentaristas) se han aprovechado de la imagen poco halagadora del SPP para continuar demonizándolo y, en el caso del Congreso, para desvirtuar su naturaleza con leyes populistas. Lo peor es que desde el Ejecutivo se ha hecho muy poco para contrarrestar los ataques y ni siquiera se ha podido comunicar la relación que existe entre la tantas veces postergada reforma laboral y la necesidad de una jubilación apropiada.

¿Cuál es esa relación? Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo pone claro: el alto nivel de informalidad laboral ocasiona que la frecuencia de aportaciones sea baja. El afiliado promedio solo contribuye cuatro o cinco meses por año, debido a que se desplaza entre el empleo formal y el informal; ello ocasionará que si aporta al SPP, recibirá una pensión equivalente a un tercio de la remuneración promedio que percibió a lo largo de su vida laboral.

El futuro para los aportantes al SNP será peor: el afiliado recibirá una pensión equivalente al 20% de su remuneración promedio, en el mejor de los casos. Sin embargo, dado que en este sistema se tienen que acumular 20 años de aportes, el FMI advierte que el 60% de los aportantes al SNP no recibirá ninguna pensión cuando se jubile. El estudio propone reducir ese tiempo a 15 años, mientras que para elevar las pensiones del SPP, recomienda elevar el aporte de 10% a 14% de la remuneración, algo que ahora parece improbable.

Saber el futuro de las pensiones –siempre que la estimación esté calculada correctamente– es la mejor manera de conocer la efectividad de ambos sistemas y que el afiliado se sienta bien informado. Es claro que lo primordial es reducir la informalidad y que las decisiones ya no se sigan prolongando. Se ha formado una comisión para analizar la reforma del sistema de pensiones, pero durante el Gobierno de Kuczynski también se creó una, que presentó sus recomendaciones pero no se avanzó en ninguna. Ni siquiera se pusieron a debate en el Ejecutivo o el Congreso. No se puede poner siempre como excusa que el tema es “sensible” para posponer las decisiones.