Editorial: Peligrosa contrarreforma

CAMBIOS. Además de semiparalizado, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski parece estar empeñado en frenar algunas de las pocas reformas estructurales que estaban comenzando a funcionar: el servicio civil, la educación superior y la gestión de la red vial. Hay que recordar que el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio prometía retomar la reforma estructural sobre la base de cuatro ejes: aumentar la formalidad en la economía, una nueva política tributaria, promover la coinversión en infraestructura y modernizar el Estado.

Ha pasado un año y medio desde la investidura, y lo único que se intentó hacer, tímidamente, fue agilizar los trámites que los ciudadanos tienen que realizar en el sector público. Pero como ocurre muchas veces en el país, una cosa es lo que se dispone en las normas y otra, que los servidores estatales lo acaten.

Volviendo a las reformas interrumpidas, en enero, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) corrió el grave riesgo de ver recortadas sus atribuciones, pues un proyecto de ley aprobado por el Congreso creaba un nuevo régimen laboral para los trabajadores administrativos del Poder Judicial. Si bien PPK observó la norma a fines de febrero, el peligro no ha desaparecido.

Cuando ya existe un marco legal orientado a modernizar la contratación de servidores públicos, crear otros para sectores específicos implica un retroceso y nadie en el Ejecutivo se ha pronunciado con firmeza para defender esa reforma. De hecho, Servir está trabajando muy lentamente porque no cuenta con el respaldo político que merece y necesita.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) también está sufriendo esa falta de sostén. No se convocaron concursos para elegir a los sucesores de Lorena Masías, ni de la defenestrada Flor Luna Victoria –que es como se selecciona al resto de superintendentes–. Además, Sunedu solo parece enfocada en otorgar los licenciamientos a las universidades, pues otros asuntos, como asegurar la transparencia de los procesos de admisión, no está en agenda.

Por último, la eliminación del peaje en Ticlio implicará que el Estado utilice el dinero de los contribuyentes para mantener la Carretera Central. Se ha justificado esa medida con argumentos “sociales”, cuando lo que en realidad ocurre es que la informalidad se ha vuelto a imponer. Quizá el Gobierno no se ha percatado que esa misma excusa podrá ser usada por los usuarios de otras carreteras. A propósito, ¿ya se tienen novedades de los estudios para detectar las causas de los accidentes en esas vías?.

En suma, el retroceso parece ser la divisa del actual gobierno.