FISCALIZACIÓN. La reforma de la educación escolar enfrenta diversos obstáculos que han retrasado el cumplimiento de sus objetivos centrales: mejorar y equiparar la calidad del servicio. Uno de esos escollos ha sido la regulación, falencia que se comenzará a cubrir con el Decreto de Urgencia 002-2020, promulgado la semana pasada. La norma ha puesto la mira en los “colegios bamba”, tanto los que teniendo autorización no las cumplen, como los que funcionan sin permiso oficial –sus alumnos no figuran en los registros del Minedu–.
El DU modifica ocho de los 23 artículos de la Ley de Centros Educativos Privados, que data del régimen de Fujimori, que liberalizó la educación –por ejemplo, instituyó el “bachillerato automático– y otros servicios como el transporte público. Un cambio notorio es que ahora estará prohibido que el propietario o promotor de un colegio tenga antecedentes penales y judiciales, o esté implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación sexual y narcotráfico.
Además, el DU le permite al Minedu revocar autorizaciones y modifica el silencio administrativo positivo: para evitar la creación de colegios privados sin un proceso de verificación de condiciones mínimas, si no existe una respuesta luego de 60 días hábiles, esta será interpretada como negativa. El Minedu y la Dirección Regional de Lima Metropolitana han detectado 1,315 colegios privados informales y 264 que funcionan sin estar autorizados.
Este es un primer paso para mejorar la calidad educativa privada y la prueba de su eficacia será la implementación de un proceso de cierre y sanciones que no afecte el derecho a la educación de los escolares. También habrá que desarrollar un sistema de supervisión que esté operativo todo el año, tenga alcance nacional y maneje estándares internacionales. Quizás sea oportuno proponer al próximo Congreso una nueva Ley de Centros Educativos Privados que englobe los cambios del DU y con medidas modernizadoras. El riesgo es que se termine sobrerregulando la actividad.
Otro gran obstáculo que enfrenta la reforma es la infraestructura, y en este aspecto no se ha logrado atacar la ineficiencia. Hasta noviembre pasado, se había ejecutado el 57% del presupuesto asignado a los tres niveles de Gobierno para instalaciones de educación básica. Ese gasto corresponde a colegios públicos, lo que indica que el Estado sigue sin prestarle la debida atención a los escolares de menores recursos. El cambio tiene que alcanzar a todos.
