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Editorial: Nuevo salvavidas

Editorial de Gestión. "Esta decisión deberá ir acompañada de un trabajo más expeditivo por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial".

Sector construcción

Sector construcción (Foto: Pixabay)

Sector construcción (Foto: Pixabay)

Foto: Pixabay

CONSTRUCCIÓN. A inicios del año pasado, luego que la empresa Odebrecht confesara el pago de coimas para conseguir concesiones del Estado, el Ejecutivo buscó la manera de sancionar a los culpables, hacer que las compañías paguen su reparación civil a favor del Estado, pero sin paralizar las obras que el país requería. Con esa finalidad dictó el Decreto de Urgencia 003 que, debido a algunos vacíos contenidos en la norma, no cumplió a cabalidad el objetivo planteado.

Un año después no solo la empresa Odebrecht está en el ojo de la tormenta, tanto sus empresas consorciadas, como las que forman el llamado “club de constructores”, están en la mira de la Fiscalía. Por el momento, hay cerca de 40 empresas ligadas al sector construcción investigadas por presunta corrupción. Esta situación y la proximidad del vencimiento del D.U 003 ha generado que el Gobierno elabore un nuevo decreto perfeccionando la norma anterior.

Desde el punto de vista económico una empresa investigada por corrupción tiene mayores dificultades para conseguir financiamiento por el riesgo crediticio que significan y eso puede afectar su continuidad. Por ello, la propuesta del Ejecutivo busca incluir no solo a las empresas condenadas o a las que confesaron su delito, sino también a las socias de ellas, y de manera voluntaria, a las que se encuentren en un proceso de investigación. La nueva norma busca que las compañías puedan crear un fideicomiso a favor del Estado, donde depositen un porcentaje de sus ingresos, que le dé tranquilidad tanto al país como a las instituciones financieras, y les permitan seguir trabajando y generando ingresos para cumplir sus obligaciones.

No se trata de beneficiar a empresas sospechosas de corrupción, sino evitar sancionarlas antes que el Poder Judicial emita una sentencia y a su vez no perjudicar al país, pues convocar a nuevas empresas constructoras que no participan en el mercado toma como mínimo seis meses y no cumplir con las metas de inversión pública puede reducir la expectativa de crecimiento en casi un punto porcentual.

Las empresas investigadas que voluntariamente se acojan a la norma deberán colaborar con la investigación e implementar programas de compliance. Pero, además, esta decisión debería ir acompañada de un trabajo más expeditivo por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial para culminar los procesos en los menores plazos posibles.

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