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Editorial: La nueva ola

Editorial de Gestión. "Habrá dos mejoras inminentes en la administración pública que, si son aplicadas en forma óptima, tendrán consecuencias positivas”.

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La Presidencia del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno. (Foto: GEC)

(Foto: GEC)

TRAMITOLOGÍA. Hay reformas que por su alcance concitan toda la atención –es el caso de la que busca sacar de su marasmo al sistema judicial– y opacan a otras cuya relevancia radica en facilitarles la vida a los ciudadanos y en quitarle trabas al emprendimiento. La semana pasada, Gestión informó de dos mejoras inminentes en la administración pública que, si son aplicadas en forma óptima, tendrán consecuencias positivas.

La primera es la estandarización y simplificación de procedimientos para la apertura de negocios, es decir, las licencias de funcionamiento. Estos trámites no son solo engorrosos por su cantidad y el tiempo que demora realizarlos –lo que además es un germen para la corrupción– sino que en el caso de los que están a cargo de los municipios, son distintos. Esta maraña burocrática ubica al Perú en el puesto número 125 (de 190 países) en el indicador “apertura de negocio” del ranking Doing Business del Banco Mundial.

La encargada de impulsar esta segunda ola de cambios es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La primera ocurrió en diciembre del 2016 y eliminó requisitos y costos. La de ahora será algo más ambiciosa, pues reducirá de 50 a solo diez los trámites para obtener licencia de funcionamiento. Esto es positivo por donde se le mire, aunque la PCM tendrá que estar muy vigilante con el cumplimiento que los municipios den a la norma. Para ello, será crucial una cercana coordinación con el Indecopi.

La nueva ola reformista también ha puesto la mira en la (deficiente) atención que reciben los usuarios de los servicios públicos. La PCM ya tiene lista una plataforma para recibir reclamos y quejas de manera digital. Sin embargo, no está muy clara la diferencia con el libro de reclamaciones –obligatorio para las entidades públicas desde mayo del 2011–, puesto que esa herramienta también está disponible en versión online, en los portales y sitios web de dichas entidades.

Si tal mecanismo no ha funcionado, quizás se deba a que los usuarios desisten de utilizarlo porque no perciben mejoras en la atención. Esta nueva experiencia tampoco funcionaría, como se espera si el Estado sigue omitiendo la otra parte de la ecuación: que los reclamos sean tomados en cuenta y que se tomen medidas para corregir las deficiencias.

Lo que sí podría ser un aporte clave es que los usuarios reciban más información. Por ejemplo, los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) están haciendo un trabajo aceptable, pero desde la inauguración del primero, en noviembre del 2010, apenas se han abierto seis más y solo dos fuera de Lima. Debería existir por lo menos uno en cada capital departamental.

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