Editorial:Necesaria revisión

CONFLICTOS SOCIALES. Aunque desde Lima puede no ser notorio, en abril se registraron 187 protestas en las diferentes calles del país, y de no hacerse algo podrían igualar a las 200 que se registraron en julio del año pasado, durante el gobierno de PPK. Asimismo, hay 196 conflictos sociales, y 144 de ellos estaban activos. Es decir, podrían generar algún tipo de confrontación. 30 de ellos están en Áncash y 46 entre Puno, Cusco y Apurímac. De esta manera, más de la mitad está concentrada en apenas cuatro departamentos. Y aunque las materias de conflicto son muy diversas, el 65% de los casos está vinculado al tema socioambiental.

En pocas semanas la campaña electoral para representantes regionales y municipales empezará a cobrar fuerza y, lamentablemente, no faltarán aquellos que busquen atizar el fuego de estas protestas y conflictos para tratar de ganar votos. Ejemplos de gobernadores regionales o alcaldes que triunfaron polarizando a su población hay varios.

Por ello, resulta pertinente la idea de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, de realizar un balance y revisar la ley de consulta previa, para hacer los ajustes que sean necesarios, pero teniendo en cuenta que si bien es un mecanismo útil no es la única vía para darle solución a un conflicto social, sobre todo medioambiental. Es más, la consulta previa es una medida complementaria.

En los últimos años no han faltado los intentos del Gobierno para asumir con seriedad la solución de los conflictos sociales. Para lograrlo, a inicios del gobierno de Ollanta Humala se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, adscrita a la PCM, y luego el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió crear el Viceministerio de Gobernanza Territorial. A pesar de ello, los resultados son escasos y desde agosto del año pasado los casos de conflictos activos se incrementan mes a mes.

El actual viceministro de Gobernanza, Raúl Molina Martínez, se ha mostrado contrario a las mesas y la firma de actas como mecanismo de solución de conflictos, y al parecer intentará que las demandas no lleguen hasta el premier o el presidente, sino que se resuelvan en las instancias previas. Sin embargo, no ha dado luces sobre qué mecanismos utilizará ni cómo piensa articular los diferentes niveles de gobierno y, por el contrario, ya habla de rediscutir compromisos asumidos por el Gobierno. Por ahora, Molina ofrece poca sustancia.

Lo cierto es que las buenas intenciones no bastan y el Gobierno debe prepararse para lo que pueda ocurrir en los próximos meses.