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Editorial: Nadie apaga el fuego

Editorial de Gestión. "Los incendios se han convertido en algo cotidiano, casi tanto como la delincuencia y caos del transporte público". 

Cuatro personas continuaban desaparecidas el viernes y ocho bomberos resultaron heridos por un voraz incendio que seguía activo casi 24 horas después en un antiguo edificio del centro de Lima, utilizado como depósito de artículos de ferretería. (Foto: And

EL CUERPO DE BOMBEROS. Los incendios suelen atraer a las autoridades. Llegan al lugar del siniestro, conversan con los afectados, se toman fotos, declaran para la TV y anuncian investigaciones y “medidas correctivas”. Luego se marchan. El ocurrido el 12 de abril en un almacén de llantas contó con la presencia del presidente Martín Vizcarra, quien abandonó la Cumbre de las Américas –de la que era anfitrión– para cumplir con el guion, que siempre termina de la misma manera: pasado un tiempo, todo cae en saco roto.

Eso es con los incendios de grandes proporciones, pues aquellos que ocurren en asentamientos humanos o en zonas tugurizadas de la ciudad –cuyas víctimas son a menudo niños– demandan la presencia de funcionarios de menor relevancia mediática. El fuego se ha convertido en algo cotidiano en Lima, casi tanto como la delincuencia y el caos del transporte público, pues es consecuencia de los mismos factores: incumplimiento de las normas (lo que llamamos “informalidad”), corrupción, improvisación y pobreza.

Un caso que desnudó todos estos males fue el incendio en la zona comercial de Malvinas, en junio del año pasado. El almacén donde se desató no contaba con licencia y, lo que es peor, se cobró la vida de dos jóvenes que perecieron asfixiados, pues sus empleadores los tenían encerrados con candado. El ministro de Trabajo de entonces dijo que su despacho no contaba con suficientes inspectores para verificar el acatamiento de las normas laborales.

Si el nuevo Gobierno está dispuesto a encarar los problemas que aquejan a los ciudadanos, sería apropiado que comience por combatir el trabajo bajo condiciones de semiesclavitud. Con respecto a la reducción de la incidencia de incendios, aunque hay tareas que le corresponden al Gobierno nacional –sobre todo en el campo normativo–, la principal responsabilidad recae en los municipios, pues son los encargados de otorgar licencias y comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Lamentablemente, el sistema de prevención no es lo único que está en pésimo estado. Los bomberos continúan trabajando en condiciones precarias; a la antigüedad de sus uniformes y equipos hay que añadir que, en Lima, el 60% de sus vehículos se encuentra inoperativo. Encima, no se han librado de la corrupción: su comandante general, Roberto Ángeles, acaba de ser sentenciado a cuatro años de prisión por haber contratado los servicios de una empresa de su cuñado, en el 2010. Las promesas no apagarán el fuego, sino la decisión y el compromiso real para hacer respetar las normas.

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