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Editorial: Mirando el bosque

Editorial de Gestión. "Es necesario revisar el marco normativo que ha permitido los actos de corrupción evidenciados".

Jorge Barata

Tras más de cinco horas de interrogatorio, el fiscal superior coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, calificó el testimonio de Barata de "muy relevante", el cual "convalida la decisión de los fiscales de activar el mecanismo de cooperación internacional" (Foto: Andina).

 (Foto: Andina).

CORRUPCIÓN. Las declaraciones divulgadas sobre el interrogatorio a Jorge Barata, deben hacernos mirar el bosque y no solo el árbol. En el corto plazo será importante ver el impacto que tendrá sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el nuevo pedido de vacancia que se presentará esta semana y que tiene el respaldo de varias bancadas.

No ayuda a PPK que, siendo la máxima autoridad del país, critique la labor que está realizando la Fiscalía por usar el testimonio de un inculpado, como si olvidara que, tanto en la lucha contra el terrorismo, como en los casos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, también se usó la figura de la colaboración eficaz.

En el mediano plazo, más allá de las sanciones morales y legales que deben aplicarse a todos los involucrados —luego que culminen las investigaciones— es necesario revisar el marco normativo que ha permitido los actos de corrupción evidenciados y establecer los parámetros que deberían cumplir los partidos políticos tanto en su accionar diario como durante las campañas electorales.

Según la legislación actual, los partidos obtienen fondos por aporte del Estado, ya sea directo o través de una franja electoral en la televisora estatal, y por aportes privados. En el caso de los aportes privados, se fija un tope de 60 UIT. Por otro lado, la norma presume que los aportes no declarados son de fuente prohibida.

¿Es necesario aumentar el tope para el aporte privado a 200 UIT? ¿Debe permitirse que el dinero entregado por el Estado se use en las campañas? ¿Debe prohibirse el financiamiento privado? Todos son temas que deben evaluarse y debatirse, pero lo más importante es fijar las responsabilidades tanto administrativas como penales, pues la realidad local e internacional demuestra que cuando hay interés por no acatar la norma, solo las sanciones cuentan.

Por otro lado, tanto los candidatos pasados como los que pretendan serlo en el futuro deben asumir que, aun cuando decidan no estar vinculados al tema de financiamiento (algo poco probable), son responsables políticos de lo que ocurra, por lo que el argumento de “yo no recibí” o “yo no sabía” no podría ser aplicable. Al ser la cabeza de la campaña, les corresponde asumir activos y pasivos.

Para las próximas elecciones, no bastará que quienes se presenten se crean impolutos por no haber estado en el listado de Odebrecht. Será necesario que ningún candidato evada preguntas respecto a con qué dinero vive, cómo financia sus campañas y quién es el encargado de manejar el dinero de la campaña. No hay que olvidar que “la oportunidad hace al ladrón”.

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