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OPINIÓN

Editorial: Metas incumplidas

Editorial de Gestión. "Llama la atención que este modesto desempeño haya ocurrido en un año en el que la inversión privada mostró una trayectoria dinámica”.

Minería

| Los proyectos de inversión minera suman US$ 15,000 millones. Estos incluyen a: Michiquillay por US$ 2,500 millones; la ampliación de Toquepala por US$ 1,200 millones; la ampliación de Marcona por US$ 1,300 millones; la ampliación de Toromocho porUS

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CRONOGRAMA. Este año, como ya se ha hecho habitual, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) volverá a incumplir su meta de concesiones, tanto de asociaciones público-privadas (APP) como de obras por impuestos (OxI). En el primer caso, solo concretaría cuatro de los quince proyectos previstos, aunque a la fecha apenas se han adjudicado dos: la mina Michiquillay (US$ 2,000 millones de inversión estimada) y el puerto de Salaverry (US$ 229 millones).

Con respecto al esquema OxI, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que está adscrito ProInversión, se trazó una meta de S/ 1,100 millones, pero terminaría el año con proyectos adjudicados por menos de la mitad (S/ 516 millones). Llama la atención que este modesto desempeño haya ocurrido en un año en el que la inversión privada mostró una trayectoria dinámica –al menos durante el primer semestre, pues en el tercer trimestre se enfrió–, de modo que habría que buscar otros motivos que expliquen el poco interés de los inversionistas por las obras ofrecidas por el Gobierno.

Uno de ellos es que ProInversión promueve lo que le encargan las entidades concedentes –ministerios o gobiernos regionales– y que son estas las responsables de estructurar los proyectos, con asesoría de la agencia, pero si esa primera etapa del proceso adolece de fallas que deben subsanarse, todo su cronograma se ve afectado. También hay que tener en cuenta que se ha sido más cauto en la elaboración de los contratos de concesión, para evitar las adendas e incrementos de costos que han plagado muchas de las APP.

Otro factor de retrasos y postergaciones es el pedido de los propios postores, que muchas veces está asociado a la información incompleta que las concedentes preparan o a vacíos en los contratos. ¿Mejorará este sistema? Al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo emitió decretos legislativos orientados a impulsar la promoción de APP y OxI, que ya han sido reglamentados.

Entre las novedades, figura la elaboración de un contrato estandarizado, la eliminación del valor referencial –que limita la participación de empresas internacionales, incorporación de garantías distintas a la carta fianza e identificación temprana de riesgos sociales y ambientales, entre otras. Las OxI también han recibido un remozamiento normativo. Aunque los montos de inversión son menores comparados con las APP, su impacto social y económico es significativo.

Solo el tiempo dirá si estas mejoras habrán tenido efecto y ello dependerá, en gran medida, de cuán eficientemente las implemente ProInversión y del respaldo que reciba del Gobierno.

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