Sector forestal (Foto: Andina)
Sector forestal (Foto: Andina)

SECTOR FORESTAL. Uno de los aciertos del Gobierno de Martín Vizcarra fue continuar con la reactivación de las mesas ejecutivas que se inició a mediados del 2017 con el Gobierno de PPK –pilares del Plan de Diversificación Productiva lanzado el 2014–, cuya razón de ser fue puesta en entredicho por los dos primeros ministros de Producción de Kuczynski. El actual impulsor es el titular del MEF, Carlos Oliva, y a la fecha están instaladas ocho, una de ellas encargada de coordinar soluciones para modernizar el sector forestal. Se tienen algunas novedades de esta mesa, proporcionadas por la PCM.

No se suele informar con mucha frecuencia sobre los avances de estos grupos de trabajo, tal vez debido a que los acuerdos que alcanzan no incluyen grandes reformas sectoriales sino correcciones a ineficiencias operativas puntuales, eliminación de barreras burocráticas o temas regulatorios, aunque su impacto podría ser considerable, siempre y cuando lleguen a ponerse en práctica. En el caso de la mesa forestal, se han acordado medidas orientadas al fortalecimiento institucional y a subsanar fallos regulatorios.

Por ejemplo, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) y cuatro gobiernos regionales –Ucayali, Madre Dios, San Martín y Loreto– ejecutarán acciones de fiscalización conjunta, encargos de gestión e intercambio de información. En tanto, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la Sunat y la Policía Nacional fortalecerán las estrategias y puestos de control forestal. Solo resta esperar que estos acuerdos no se queden en el papel y realmente sirvan para combatir la ilegalidad en el sector.

Por el lado de la regulación, el mayor cuello de botella ha sido la elaboración de la zonificación forestal, cuyo plazo de dos años venció en diciembre del 2018 y el vacío legal creado por su incumplimiento ha paralizado las concesiones de áreas forestales. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para simplificar ese proceso y dotar de mayor predictibilidad a los procedimientos de concesiones. Además, autorizará a los gobiernos regionales a otorgar “títulos habilitantes” mientras culmine la aprobación de la zonificación forestal. Habrá que cruzar los dedos para que el Congreso se interese por colaborar con solucionar este problema.

Los 25 gobiernos regionales tienen que realizar la zonificación forestal dentro de sus jurisdicciones y, hasta donde se ha informado, la han iniciado 20, pero solo uno ha culminado y presentado su propuesta (San Martín). Eso significa que el inventario forestal no es exclusivo de los departamentos amazónicos, sino también de los andinos y costeños. Y en ellos, la depredación y explotación ilegal de bosques no está siendo combatida.