Editorial:¿Quién manda a quién?

PARO DE TRANSPORTISTAS. Dialogar para buscar soluciones coordinadas no implica solo ceder ante las presiones. Mucho menos ante aquellas que se intentan imponer mediante paralizaciones o cierres de carreteras. Lamentablemente, desde hace varios gobiernos, la respuesta del Ejecutivo ha sido la de aceptar los términos de los huelguistas para evitar que continúen con sus protestas.

Lo sucedido recientemente frente al paro de los transportistas no ha sido la excepción. A pesar de que los peajes son un mecanismo para cubrir el mantenimiento de las vías, se ha suspendido por cinco meses el cobro del peaje en Yauca y se estudiará el futuro del peaje de Atico (ambos a cargo del Estado), y se plantea revisar los peajes de las carreteras concesionadas olvidando que se trata de contratos que solo pueden cambiarse por acuerdo de las partes, lo cual deja dudas sobre el respeto a la seguridad jurídica.

Además, se les ha rebajado el precio del diésel aun cuando esta decisión terminará afectando el margen de refinación de Petroperú, perjudicando la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara. Ambas decisiones que “benefician” a los transportistas en realidad terminan perjudicando a los peruanos, pues los ingresos del Estado siempre salen de los bolsillos de todos los ciudadanos. Si no es por un camino, será por otro.

El cobro de peajes siempre es un tema sensible, sobre todo porque no se ha sabido comunicar convenientemente su razón de ser y las autoridades han preferido suspenderlo o eliminarlo en lugar de respaldar su aplicación, evidenciando una política dubitativa que no beneficia a nadie.

Desde el año pasado, los transportistas hicieron evidente su desacuerdo por el incremento del diésel y solicitaron la devolución del ISC, la reducción del número de peajes y el pago de los mismos, además de exponer lo que consideran su problemática en los puertos, principalmente del Callao, Paita y Pisco, y las penalidades excesivas en los pesos y medidas. A pesar de eso, el Ejecutivo no puso el empeño suficiente en tratar de convencer a los transportistas de la necesidad de las medidas adoptadas o para revisar con ellos si era factible acceder a algunos de sus reclamos.

Más de seis meses después, la falta de claridad del Gobierno le pasa la factura y nuevamente deja la sensación de que basta con protestar y cerrar carreteras para conseguir lo que se quiera, dejando mal parado el principio de autoridad. Para lograr las mejoras que el país requiere es necesario un Gobierno que actúe con más firmeza.