PULSO PERÚ. La popularidad del presidente Vizcarra tras 10 meses de labor aún marcha viento en popa, no sucede lo mismo con la labor que viene realizando su Gobierno, pues este mes apenas ha subido de 10.3 a 11.1 su calificación, según la última encuesta de Pulso Perú, elaborada por Datum para Gestión, lo cual evidencia que no se están haciendo bien todas las tareas, sobre todo en materia económica. Si bien en la lucha contra la corrupción, contra la anemia y la protección del medio ambiente está aprobado, en los temas económicos como los avances de la reconstrucción, el fomento de la inversión, la generación de empleo, así como la lucha contra la inseguridad se encuentra desaprobado.
Como ha venido sucediendo, la brecha de respaldo a sus ministros en comparación con el presidente sigue siendo alta y deja ver que la población no siente que haya un Gobierno cohesionado y con ideas, quizás allí radique la falta de efectividad en el manejo de la crisis en San Juan de Lurigancho. El Ejecutivo no puede olvidar que, a pesar de su importancia, su labor no se puede centrar solo en la lucha contra la corrupción.
Además, esta lucha no debe llevar a la satanización. Por ejemplo, la opinión pública contra la empresa Odebrecht ha llevado a que un 77% de peruanos esté en desacuerdo con que a dicha empresa se le permita seguir contratando con el Estado después de los casos de corrupción ocurridos. Esta percepción puede jugarle en contra a la Fiscalía y a la Procuraduría que buscan lograr un acuerdo de colaboración con la constructora y podría generar que, aun estando autorizada, ninguna entidad pública, local, regional o nacional quisiera firmar un contrato con la mencionada empresa.
Sin embargo, la información que pudiera dar la empresa a la justicia peruana, gracias a la firma del acuerdo, es importante pues permitiría acelerar las investigaciones fiscales y determinar culpabilidades.
La opinión del país es importante, pero haría bien el Gobierno en no deslumbrarse y tomar decisiones mirando solo la popularidad presidencial. Es por eso que volvemos a insistir en que el Ejecutivo debe tomar acciones de mayor horizonte aun cuando tengan un costo político, pero que van a redundar en el crecimiento del país y la mejora del bienestar de la Nación sin que eso signifique dejar de lado la reforma política y judicial.
