GOBIERNO CORPORATIVO. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el año pasado fallecieron 236 personas por accidentes laborales, mientras que las muertes en el 2018 por el mismo concepto fueron 150. Los accidentes laborales también aumentaron: pasaron de 20,132 a 34,800. Esos alarmantes incrementos (57.3% y 72.9%, respectivamente) ameritan una evaluación rigurosa no solo de parte del Gobierno, sino también del sector privado, sobre la aparente poca atención que se le está dando a la seguridad laboral.

El concepto de gobernanza ambiental y social (ESG, por sus siglas en inglés) ha pasado a formar parte del léxico empresarial, aunque en el caso peruano, da la impresión de que todavía no se traslada del discurso a la acción –salvo algunas excepciones–. Es que uno de los componentes de la ESG es la transparencia de las empresas para hacer pública su información sobre política laboral, en especial en lo concerniente a la exposición de sus trabajadores al riesgo laboral o cómo manejar la situación si ocurre algún accidente.

Y en ese aspecto nuestras empresas no son bien vistas en el extranjero. El director de ESG de la calificadora Standard & Poor’s (S&P), Jvan Gaffuri, ha hecho una llamada de atención muy seria: “El gobierno corporativo peruano es un problema” (Gestión 24.02.20). Es que hasta cuando tienen documentos públicos, no incluyen la información que se espera encontrar. Y uno de los temas ausentes es precisamente el de riesgo laboral. En general, las empresas peruanas no logran interiorizar que su personal es parte fundamental de su conjunto de “stakeholders”.

Hay que precisar que la opinión de S&P solo toma en cuenta a un grupo de empresas formales –las consideradas líderes en el país– que hacen más o menos públicas sus políticas de gobierno corporativo, así que cabría preguntarse cómo maneja su gobernanza el resto, tanto formal como informal. Hace poco se pudo constatar que una transnacional de comida rápida es gestionada como lo haría cualquier sanguchería de barrio, de modo que la respuesta no es alentadora.

También habría que preguntarse qué se está haciendo desde el Gobierno. El 29 de diciembre, el Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia 044-2019, que modifica la Ley de Inspección del Trabajo, y la superintendencia encargada de esa función, Sunafil, paralizó 231 centros de trabajo por poner en riesgo la vida de 9,582 trabajadores el año pasado. Pero aún falta intensificar la inspección y, sobre todo, crear conciencia sobre la seguridad laboral. Desde fuera, nos ven atrasados en un tema empresarial que es crucial.