Editorial: Libres de fiscalización

GOBIERNOS REGIONALES. Apenas han pasado ocho meses desde que asumieron y los gobiernos regionales ya son noticia por los mismos motivos que sus predecesores: dos gobernadores han sido condenados por la justicia –los de Puno y Junín, ambos capturados luego de efímeros periodos en clandestinidad–, otro se ha convertido en líder antisistema –el de Arequipa–, y su inversión en obras públicas no ha logrado recuperarse, pese a que el Ejecutivo puso a su disposición herramientas para agilizar su ejecución presupuestaria.

Hasta la semana pasada, los ojos estuvieron puestos en estos vicios repetidos, pero una serie de noticias, tristes e indignantes, están dirigiendo la atención hacia otro que no siempre recibe la misma cobertura: la pésima administración que los gobiernos regionales hacen de servicios públicos como salud, que no exime de responsabilidad al Minsa, en especial en el caso de recién nacidos. En lo que va del año, han fallecido 1,190 bebes prematuros, el 7% del total de ese grupo, porcentaje que sería la vergüenza de cualquier país de ingresos medios.

Los motivos de esa fatal cifra son muchos, pero todos tienen que ver con la mala (o nula) aplicación de políticas públicas, como controles prenatales o prevención de embarazos adolescentes, así como la consabida ineficiencia en el gasto, puesta de manifiesto en la falta de incubadoras, en algunos casos debido al uso escandaloso del dinero presupuestado para otros fines que no tienen nada que ver con el cuidado que los bebes prematuros necesitan para sobrevivir.

Ante este desastre, cabe preguntarse quién controla y fiscaliza a los gobiernos regionales. La Contraloría General, está reforzada por su nuevo marco legal desde marzo del 2018. Ahora los funcionarios de la entidad ya no forman parte de la planilla de los gobiernos subnacionales –lo cual equivalía a poner al gato de despensero–. Por ejemplo, el mes pasado publicó un informe revelador sobre la situación de los establecimientos de salud estatales.

Lo que no existe es fiscalización de los gobiernos regionales (ni de los municipios). ¿A quién exponen los gobernadores cómo van a ejecutar sus presupuestos o los resultados de esa ejecución? En otras palabras, ¿a qué entidad del Estado le rinden cuentas? Ahora que el Congreso está muy activo investigando y fiscalizando, sería útil que incluya dentro de sus pesquisas el trabajo de esos funcionarios. Los departamentos tienen representantes en el Legislativo, pero es casi imposible escuchar a alguno cuestionar o preocuparse por los malos manejos de las autoridades regionales. ¿A qué se deberá esa indiferencia?