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Editorial: Lecciones por aprender

Editorial de Gestión. "Una labor de dos años ameritaba la presentación de iniciativas que buscaran evitar o reducir las modalidades de corrupción detectadas”.

Comisión Lava Jato

Conclusiones. En los 10 informes de la comisión Lava Jato no se acusa ni se halla responsabilidad penal en el expresidente Alan García.

LAVA JATO. Según la Constitución, el Congreso de la República tiene una función legislativa y otra fiscalizadora. En este último caso puede investigar cualquier asunto de interés público, para lo cual, por lo general, crea una comisión investigadora. Dichos grupos de trabajo pueden acceder a cualquier información, incluso levantan el secreto bancario y la reserva tributaria. Sin embargo, sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

Si la conclusión de este tipo de comisiones no tiene efectos jurisdiccionales, el Parlamento debe definir cuál es la finalidad de su investigación, pues el esfuerzo desplegado y el dinero invertido tiene que revertir en beneficio del país, algo que por lo general no ha ocurrido.

La última gran comisión investigadora ha sido la del caso Lava Jato. Dos años son los que la parlamentaria Rosa Bartra y cinco congresistas más le dedicaron al tema, mientras que la sustentación y votación del informe final tomó una semana. Pese a toda esta labor, se puede decir que sus resultados aportan poco a las investigaciones fiscales en curso.

Más allá de las críticas que puedan recibir los resultados de dicha comisión por la falta de sustento de algunas de sus conclusiones o por las diferencias de trato entre un caso y otro, lo cierto es que un trabajo de dos años no debería quedar solo para la anécdota o para la crítica política.

Además de las recomendaciones relativas a acusaciones penales, la comisión Lava Jato sugiere a diversas entidades como la Sunat, Ositran, Osinergmin, OSCE, SBS, Contraloría, ProInversión, el inicio de investigaciones internas para saber por qué no funcionaron adecuadamente sus mecanismos de control. Sin embargo, se olvida de su función legisladora, pues las recomendaciones para el Congreso son bastante genéricas al pedir una revisión integral de toda la legislación relativa a los contratos de supervisión en el marco de obras públicas.

Una labor de dos años ameritaba la presentación de iniciativas que buscaran evitar o reducir las modalidades de corrupción detectadas durante la investigación. Si el Congreso no consigue que sus comisiones investigadoras vayan más allá del reproche político, estas seguirán sin tener un efecto práctico y, por tanto, una razón de crítica ciudadana.

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