(Foto: El Comercio)
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CORRUPCIÓN.Los peruanos consideran que la corrupción es el segundo problema más importante del país. Así lo evidencia la última encuesta encargada por Proética a IEP, donde si bien la delincuencia sigue ocupando el primer lugar en la preocupación ciudadana, el segundo lugar está a solo cuatro puntos porcentuales de distancia.

No es extraño el peso que adquirido por la corrupción sobre todo luego de que se conociera las ramificaciones peruanas del caso Lava Jato. Sin embargo, este mal es anterior a este caso e implica mucho más que los graves incidentes dados a conocer entre autoridades, políticos y empresarios.

Lamentablemente, si bien la población está atenta para criticar y establecer juicios de valor respecto al comportamiento de políticos y empresarios, no muestra la misma disposición cuando de su propia conducta se trata. Así, les parece más grave que un magistrado influya en las decisiones de jueces o fiscales de menor jerarquía para favorecer a sus allegados, o que una autoridad elegida entregue contratos de grandes obras públicas a empresarios que financiaron su campaña, que el evadir impuestos si sabe que no lo descubrirán, o pagar una “propina” para que le perdonen una multa o para agilizar un trámite o no pedir factura para evitar el IGV.

Se cumple así la frase de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, pues la corrupción realizada por autoridades o empresarios se sanciona con mayor dureza que la realizada por un ciudadano. Peor aún, la mitad de quienes reconocen que pagaron una coima justifican su comportamiento en la falta de efectividad de las instituciones que gestionan sus trámites.

Quizás es esta tolerancia la que genera que apenas un 15% perciba que dentro de cinco años la corrupción podría reducirse, frente al 80% que cree que seguirá igual o que aumentará.

Lo cierto es que no importa cuánta indignación se muestre frente al comportamiento de empresarios y políticos en el caso Lava Jato o frente a policías y fiscales. Mientras no se asuma un compromiso personal de “cero tolerancia” a cualquier tipo de corrupción y se apueste por denunciar todos los casos a pesar de creer que no sirve para nada, de poco servirán los esfuerzos de las autoridades.

El Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán en los próximos meses una prueba de fuego, pues de su eficacia para conseguir por lo menos una sentencia favorable al Estado en los juicios que hoy investigan dependerá también la confianza de la población en el sistema y que vaya desapareciendo la impunidad.