INVERSIÓN PÚBLICA. Se suponía que quienes tenían que pasar por un periodo de aprendizaje eran las nuevas autoridades de los municipios y los gobiernos regionales. Es lo que ocurre cada cuatro años con la ejecución de la inversión pública, lo que además genera una contracción de este indicador, como ocurrió el 2011 y el 2015. Pero ese noviciado no parece haber durado mucho en esta ocasión.
Es que la inversión de los gobiernos regionales y los municipios mantuvo cierto nivel de crecimiento en verano, pero en mayo tuvieron un fuerte retroceso. Aunque cabe señalar que las variaciones son con respecto al 2018, año en que la inversión pública no enfrentó externalidades importantes y registró su mejor resultado histórico, según resaltó en su momento el MEF.
El nivel de gobierno que parece no haber aprendido es el nacional –ministerios, empresas públicas y organismos reguladores, principalmente–. Las cifras preliminares de mayo no son alentadoras. Hay que anotar que la ejecución presupuestaria no es proporcional ni uniforme a lo largo del año, lo que significa que la inversión pública no se divide en partes iguales por cada semestre. De hecho, en la primera mitad del año equivale a algo más de la tercera parte del total (alrededor de 27% hasta mayo).
Pero esa tendencia no se está cumpliendo este año. Entre enero y mayo, los ministerios ejecutaron en conjunto el 19.5% de su presupuesto de inversión, mientras que las empresas públicas adscritas a Fonafe registraron un avance de 16.1% hasta abril. Solo dos ministerios invirtieron por encima del mencionado umbral: Interior y Energía y Minas. Entre las empresas incumplidas figuran Sedapal y Essalud.
Los responsables han ensayado una serie de excusas, como por ejemplo que hay ministerios enfocados en gasto corriente, lo cual es cierto para el Midis y el Ministerio de la Mujer, pero no para los de Transportes, Vivienda, Educación y Agricultura, que sí tienen un fuerte componente de inversión. Por su parte, las empresas públicas han explicado que no han podido adquirir equipos o ejecutar obras porque enfrentaron múltiples obstáculos; en otras palabras, porque no planificaron adecuadamente.
En suma, lo que se observa es una mediocre capacidad de gestión en muchas entidades del Gobierno nacional, que operan mayoritariamente desde Lima.
