Editorial: Infraestructura lastrada

Oportunidades. Luego de cuatro años, el Estado peruano volvió a entregar en concesión la administración y modernización de un puerto -Salaverry, en el departamento de La Libertad-. Se espera que cuando los trabajos culminen ayude a dinamizar el comercio exterior en el norte del país y abaratar costos para exportadores e importadores. Pero para que eso suceda tendrán que pasar cuatro años más. Las próximas adjudicaciones están proyectadas para dentro de un año.

Este caso ejemplifica la poca prioridad que recibe la infraestructura por parte del Estado, pues ese lento ritmo de las concesiones no es exclusivo de los puertos, sino que ha plagado muchos otros proyectos, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez o la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, sin olvidar las innumerables postergaciones. Todo esto a pesar de que el discurso oficial resalta la importancia de la infraestructura para atraer inversión privada y los ofrecimientos de poner en marcha millonarios megaproyectos.

Pero la parsimonia no es el único problema, que no solo lastra la modernización de la infraestructura productiva -puertos, aeropuertos, carreteras, electricidad, red digital alámbrica e inalámbrica-, sino también la social -colegios, centros de salud o comisarías-. En un foro organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) se plantearon otros obstáculos que es necesario derribar.

Por ejemplo, la sobrerregulación, que incentiva el aumento de los trámites burocráticos, la prolongación de los plazos para recibir permisos y licencias, y, por supuesto, es caldo de cultivo para la corrupción. Un segundo problema es la manera en que se planifica la promoción de la infraestructura. Se citaron casos de iniciativas privadas que han sido devueltas porque requerían ciertas subsanaciones. Llama la atención que el Estado esté rechazando propuestas cuando su capacidad para diseñarlas por su cuenta no es de las mejores.

Un tercer obstáculo tiene que ver con las señales políticas, tanto las que emite el Ejecutivo como el Congreso. Y recientemente ha habido varias cuyo efecto será desalentar la inversión: el anuncio de la revisión de los contratos de concesión de carreteras, la anulación de tarifas de agua o la derogación de contratos petroleros, cediendo a reclamos y protestas.

Cambiar ministros de Economía con demasiada frecuencia -el último solo duró dos meses- tampoco contribuye con mejorar la imagen de un Gobierno que busca enmendar errores. La coyuntura externa es favorable para atraer inversiones en infraestructura, pero esa ventana de oportunidad no durará para siempre. Hace falta un trabajo más serio y mucha voluntad.