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Editorial: Informalidad en el Estado 

Editorial de Gestión. "No resulta lógico que el Estado exija a las empresas cumplir con normas que él incumple”.

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Foto: USI)

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Foto: USI)

LABORAL. “En casa del herrero, cuchillo de palo”, reza un antiguo refrán. Eso es lo que, al parecer, está sucediendo en materia laboral en el país. El Ministerio de Trabajo, especialmente a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es el encargado de velar por los derechos de los trabajadores y asegurarse de que las empresas cumplan con incorporar en planilla a quienes les corresponda; las empresas privadas que incumplen con las normas son multadas y obligadas a ponerse a derecho. Sin embargo, no sucede lo mismo con el sector público.

Según las cifras oficiales, a fines del año pasado, 158,000 servidores públicos estaban en condición de informalidad laboral. Es decir, uno de cada diez trabajadores del Estado se encuentra con una contratación irregular y por lo tanto no accede a los beneficios laborales, como compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, cobertura de salud y no aporta a su seguridad social. Lamentablemente, salvo que trabajen para una entidad pública que contrate bajo el régimen privado, los informales del sector público están desprotegidos. El Ministerio de Trabajo no podrá hacerse cargo de sus denuncias ni fiscalizar al sector público y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) no cumple un rol fiscalizador, por lo que tampoco podría darles trámite a las denuncias.

En ese sentido, un trabajador del sector público que se sintiera vulnerado en sus derechos laborales tendría que acudir directamente ante el Poder Judicial y seguir un largo proceso laboral.

Es verdad que la informalidad en el sector privado es mayor que la del sector público, pero no resulta lógico que el Estado exija a las empresas cumplir con normas que él incumple, en este y, sin duda, en otros casos. Lo mejor sería que el Estado predique con el ejemplo.

Si bien la idea de Servir era que el Estado vaya migrando a sus trabajadores, progresivamente, a través de ciertos procedimientos administrativos, a la Ley del Servicio Civil y así poder establecer un sistema más sano y acorde a la ley, lo cierto es que este proceso está virtualmente paralizado.

Es importante hacer un mayor esfuerzo por acabar con el desorden laboral en el Estado. Según el ministro de Trabajo, el Poder Ejecutivo tiene la intención de retomar el progresivo tránsito hacia la Ley del Servicio Civil en el sector público, para reducir la informalidad. Que no demore.

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