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opinión

Editorial: Inaceptable

Editorial de Gestión. "Aun cuando a muchos les cueste reconocerlo, los medios de comunicación han sido un gran apoyo en la lucha contra la corrupción”.

César Hinostroza

César Hinostroza protagoniza nuevos audios difundidos por IDL Reporteros. (Foto: USI)

(Foto: USI)

(Foto: USI)

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Una lamentable costumbre que se repite en el Perú cada vez que se descubre algún acto reñido con las leyes o con la ética que involucra a las autoridades, es minimizar los hechos cuestionando la forma en la que esa información se consiguió. Desde la época de los vladivideos, una de las primeras respuestas de los involucrados era hablar de la ilegalidad de la difusión.

Desgraciadamente los audios dados a conocer desde hace una semana han seguido la misma suerte, pero en esta ocasión lo preocupante es que estas actitudes no vienen solo desde la voz de los involucrados—los jueces Hinostroza y Ríos trataron desde un primer momento de señalar que la interceptación telefónica en sus casos había sido ilegal—, sino desde aquellos que deben investigarlos.
Así, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, luego de informar sobre la investigación al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y al vocal supremo, César Hinostroza, anunció que la Comisión de Fiscalización investigará la filtración de información a medios como IDL Reporteros y “Panorama” y si el “chuponeo” está siendo realizado dentro de un proceso (eso a pesar de que el fiscal de la Nación ya había informado que existía una orden judicial para hacerlo).

A las declaraciones de la junta de portavoces se sumó la decisión de la fiscal anticorrupción Norah Córdova de enviar a un fiscal y cuatro policías a la sede de IDL-Reporteros, para tratar de incautar los audios que tenían y conocer sus fuentes. Si bien esta incautación no se llegó a realizar y la fiscal Córdova señaló que solo se buscaba la colaboración del medio, dos días después tanto el programa “Panorama” como IDL recibieron una carta del fiscal supremo de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, solicitándoles la entrega de todos los audios que poseen sin editar y que “indiquen quién se los entregó, cómo, cuándo y a través de qué medio”. Ha tenido que ser el propio fiscal de La Nación, Pablo Sánchez, el que le enmiende la plana a Rodríguez y le pida que deje sin efecto su solicitud. Justamente acaba de difundirse un audio que ha obligado al Ministerio Público a retirar del caso a Víctor Rodríguez.

Dado que no todos los parlamentarios tienen conocimientos legales, se puede entender que actúen en contra de las normas, pero que los fiscales, soliciten a periodistas como Gustavo Gorriti o Roxana Cueva revelar sus fuentes resulta inaceptable, pues el secreto profesional es un derecho reconocido por la Constitución y además la declaración de Chapultepec, de la cual el Perú es firmante, reconoce el derecho “a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”.

Aun cuando a muchos les cueste reconocerlo, los medios de comunicación han sido un gran apoyo en la lucha contra la corrupción, la visibilidad que se le da a ciertas investigaciones impide que se dejen sin sanción.

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