La congestión vehicular es uno de los principales problemas que afecta a Lima. (Foto: El Comercio)
La congestión vehicular es uno de los principales problemas que afecta a Lima. (Foto: El Comercio)

TRANSPORTE. La deficiente gestión de Luis Castañeda al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se hace evidente en la situación del Metropolitano, y de otros proyectos viales –como la autopista Ramiro Prialé y la continuación de la Vía Expresa de Paseo de la República hasta la Panamericana Sur– que, a pesar de estar concesionados desde hace años, continúan inconclusos.

El plazo del contrato de concesión del Metropolitano (12 años), aún no empieza a regir. Se inauguró en julio del 2010, pero sigue en etapa preoperativa pues todavía no se completa un tramo de 10.2 km entre los distritos de Independencia y Carabayllo. Ni la administración de Susana Villarán ni la actual terminaron una obra que es esencial para aliviar las necesidades de transporte de casi el 10% de la población de Lima. Ambas justificaron su inacción en la falta de presupuesto.

Las cuatro empresas operadoras alegan que al atender una ruta recortada no transportan el número óptimo de personas, lo que sumado a la presencia de buses y cústeres en las rutas alimentadoras, les resta rentabilidad. Así es como justifican sus alzas de pasajes –la última se encuentra en controversia en el Poder Judicial y el Tribunal Arbitral–. Además, han ganado al menos ocho arbitrajes por más de S/ 467 millones. Quienes sufren las consecuencias de este desbarajuste son los usuarios, que tienen que soportar la pésima calidad del servicio, ante la ausencia de las autoridades que protegen al consumidor.

Pero hay más. El consorcio Rutas de Lima no puede culminar la autopista Ramiro Prialé porque la MML no libera los terrenos necesarios para continuar la obra. El esquema adoptado para este proyecto, en el que el concesionario se hace cargo de la inversión y la recuperará vía peajes por un periodo prolongado (30 años), podría replicarse en otros que por ahora solo están en el papel. Entre tanto, la reciente alza del peaje en la Vía Expresa Línea Amarilla generó críticas incluso de la Contraloría que considera que el alza no se ajusta al contrato.

Un dato curioso: ni el Metropolitano, ni los tramos que opera Rutas de Lima (104.6 km en total) ni la Vía Expresa Sur están dentro del ámbito de Ositran –que sí supervisa al Metro de Lima–. Tal vez esta falta de regulación se solucione cuando el Congreso se acuerde de aprobar, en segunda votación, la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao.

La capital se encuentra muy a la zaga en la modernización de su transporte público. El tiempo que las personas pierden trasladándose reduce la productividad y, por ende, afecta a la economía. Por eso, un tema cotidiano tiene tanta trascendencia.