En el caso de la inversión privada, prevé para el 2019 un crecimiento mayor al de este año. (Foto: USI)
En el caso de la inversión privada, prevé para el 2019 un crecimiento mayor al de este año. (Foto: USI)

TRIBUTACIÓN. Cual si fuera un dilema hamletiano, el Gobierno viene desde hace varios años anunciando la revisión de las diversas exoneraciones tributarias que se aplican en el país para eliminar las que ya no cumplen su finalidad, reemplazándolas, de ser el caso, por otra medida o mantenerlas. La realidad, sin embargo, muestra que para el Gobierno esta labor no es fácil de cumplir.

La razón de ser de las exoneraciones es que el monto de dinero que el Estado deja de percibir por el pago del tributo cumpla una función económica incrementando el ahorro, la inversión y/o la producción; es decir, que lo que no se pagó al fisco regrese de modo indirecto mediante el ahorro y/o de modo directo a través del consumo o la inversión. Sin embargo, este concepto teórico no siempre se cumple en la práctica y en ocasiones las exoneraciones terminan beneficiando a quienes no lo necesitan.

Este año, el Ejecutivo, luego de veinte años, suprimió el reintegro tributario del IGV para la selva (devolución del IGV a las empresas) y la exoneración del IGV por la importación de bienes que se destinen al consumo de Loreto desde el 1 enero del 2019, a cambio de ello el Gobierno central se compromete a entregar directamente fondos para la región para obras de infraestructura, salud y educación. Según los análisis realizados, esta exoneración no estaba cumpliendo su función de generar un beneficio mayoritario. Sin embargo, ha mantenido la exoneración para el resto de la Amazonía.

En el caso de las exoneraciones a la exploración minera e hidrocarburos, la situación ha sido al revés pues el Gobierno envió un pedido al Congreso para que se mantenga por un año más.

Es verdad que no todas las exoneraciones son iguales y cada una debe ser analizada cuidadosamente para ver si los beneficios que genera son mayores a sus perjuicios (menos recaudación) y si está cumpliendo las razones de su creación. Pero la forma en la que se viene actuando no es la más adecuada. Un año antes de la fecha de culminación de la exoneración el MEF ya debería tener un estudio de sus efectos y saber si la prorrogará, la eliminará o la reemplazará con otra medida.

La política fiscal tiene que tener cierto grado de predictibilidad, y anunciar medidas como la prórroga de las exoneraciones a solo días de su vencimiento apunta a que se está improvisando, lo cual siempre es un mal mensaje al mercado.