El presidente Martín Vizcarra participó en la juramentación de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación. (Foto: GEC)
El presidente Martín Vizcarra participó en la juramentación de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación. (Foto: GEC)

MINISTROS CUESTIONADOS. Una famosa frase dice que “La esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”, y este comportamiento es lo que espera la población respecto de sus autoridades. Así lo evidencia la última encuesta de Pulso Perú, elaborada por Datum para Gestión, donde el 63% considera que si hay ministros que tienen denuncias estos deben ser retirados inmediatamente de sus cargos sin esperar investigación alguna.

En general, hasta hace algunos meses, el presidente Martín Vizcarra compartía la opinión mayoritaria de la población. Por ejemplo, el ministro Salvador Heresi fue removido por haber hablado con el exmagistrado César Hinostroza —implicado en la denuncia sobre el caso de los “cuellos blancos”—. El ministro Daniel Córdova dejó el cargo pues en un audio ofreció el puesto de su viceministro a un sindicato de pescadores a cambio de que levantaran la huelga. Por su parte, el ministro del Interior Mauro Medina tuvo que dimitir debido a la fuga del exmagistrado César Hinostroza, ello a pesar de que ya se había destituido al jefe de la oficina de Migraciones.

Esta práctica parece haber quedado en desuso pues en el actual Gabinete existen varios ministros cuestionados y nada evidencia que el mandatario vaya a pedirles sus cargos.

Así, la ministra de Educación Flor Pablo tiene un proceso penal iniciado por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de un contrato de transporte de módulos de ciencia y ambiente cuando estaba a cargo de la Dirección de Educación Primaria. El Ministerio de la Producción, bajo la conducción de Rocío Barrios, fue implicado en una denuncia de corrupción por haber participado de una reunión con el congresista Vieira para levantar la sanción a una empresa pesquera. Mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, ha sido denunciado por la Fiscalía por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias con la organización criminal “los temerarios del crimen”.

De igual manera, el ministro de Economía Carlos Oliva viene siendo cuestionado por la contratación millonaria de una consultoría para enseñar cómo dar el pésame, y el ministro de Transportes Edmer Trujillo podría ser denunciado por la forma irresponsable en que se otorgaron los permisos para los terminales de transporte terrestre.

El reclamo que hoy le hace la ciudadanía al Gobierno no es sino el epílogo de haber actuado de cara a las tribunas sin analizar el impacto que podrían tener sus acciones. Hoy, en lugar de esperar a demostrar las culpas, se le exige acciones rápidas y el Gobierno parece no saber cómo reaccionar.