CUESTIONAMIENTOS. En julio del 2018, una serie de audios le mostraban al país indicios del tráfico de influencias entre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –organismo encargado de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los magistrados – y algunos jueces y fiscales. El escándalo fue tal que se decidió disolver el CNM y crear un nuevo organismo que se encargara de dichas funciones. Se asumió que cambiando la composición de la entidad los problemas desaparecerían.

Sin embargo, el objetivo: el nombramiento transparente de jueces y fiscales parece estar aún muy lejos. Desde el inicio, la aprobación de la norma que creaba la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tuvo sus luces y sombras, e incluso el primer intento por definir a los siete integrantes de la JNJ no se pudo cumplir, pues solo un candidato logró aprobar el proceso de selección, por lo cual hubo que modificar la ley y dar un mayor plazo para la composición de la Junta.

A un día de terminar el 2019, la Comisión Especial encargada de nombrar a los integrantes de la Junta dio a conocer la lista de los siete miembros titulares y siete suplentes elegidos para conformar la JNJ. Sin embargo, no tardaron en caer sombras sobre algunos de los elegidos. Así, Marco Falconí fue cuestionado no solo por haber recibido una bonificación especial en su calificación (hay interpretaciones diferentes sobre si le correspondía o no), sino también por haber mantenido conversaciones telefónicas con el investigado juez supremo César Hinostroza. Este último cuestionamiento también se atribuye a María Zavala.

Las dudas han llevado a la Comisión Especial a suspender la juramentación de ambos integrantes y mañana se reunirán para revisar el tema. Sin embargo, la última decisión adoptada no se condice con el comunicado que, al menos, cinco integrantes suscribieron el fin de semana avalando el nombramiento de Falconí.

Lo cierto es que luego que se diera a conocer la lista de elegidos, diversos grupos de interés han alzado su voz. Unos criticando y otros defendiendo a los designados, y en ambos casos —más allá de las razones esgrimidas, que deben ser evaluadas— también subyace la intención de tener el control de la JNJ. Después de todo, la administración de la difusión de los audios en el caso Cuellos Blancos ha sido utilizada, en más de una ocasión, para descalificar a quienes no pertenecían a uno de los grupos de interés sin esperar el resultado final de la investigación.

Más allá de la decisión final que tome la Comisión sobre dos de los elegidos, la JNJ nace con más de un pecado original, a pesar de que su meta era contar con miembros con “solvencia e idoneidad moral”, y esa es la peor forma de generar institucionalidad. Es por eso que los miembros de la Comisión Especial también le deben una explicación al país. Solo sus acciones futuras podrán despejar las dudas que hoy se ciernen sobre la JNJ.

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