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Editorial: ¿Efímera austeridad?

Editorial de Gestión. "Parece que la lucha contra el gasto corriente superfluo ha llegado a un final abrupto y sin ningún resultado aparente”.

Ministerio de Economía y Finanzas

FOTO 4 | 4. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La cartera económica se encuentra en el cuarto lugar, con 228 barreras eliminadas.

GASTO SUPERFLUO. El municipio de San Miguel (Lima) acaba de inaugurar un “grupo escultórico” en homenaje a la selección de fútbol, aunque solo mandó erigir efigies que representan, difusamente, a Ricardo Gareca y Paolo Guerrero. La obra costó S/ 20,000. Asumimos que no se incluyó al resto del equipo porque las entidades del Estado se han comprometido a ahorrar en gastos superfluos. Es que, supuestamente, estamos en época de austeridad.

Decimos “supuestamente” porque al ímpetu inicial, exhibido entre abril y mayo para reducir el gasto en bienes y servicios –liderado por el entonces titular del MEF, David Tuesta, con el respaldo del presidente Martín Vizcarra y del premier César Villanueva–, le ha seguido un desconcertante silencio. Carlos Oliva, a cargo del MEF desde el 7 de junio, no ha mencionado nada sobre esa cruzada, aunque cabría recordar que su posición sobre el gasto corriente no es tan crítica como la de su predecesor.

La única ocasión en la que el Gobierno ha apelado a la austeridad, en las últimas semanas, ha sido para justificar las marchas y contramarchas sobre la organización del Rally Dakar 2019. En suma, parece que la lucha contra el gasto corriente superfluo ha llegado a un final abrupto y sin ningún resultado aparente. Una mirada a las estadísticas del MEF confirma este temor, pues en lugar de haber sido recortado, el presupuesto institucional modificado (PIM) en bienes y servicios es mayor que el presupuesto institucional de apertura (PIA): S/ 38,153 millones versus S/ 33,918 millones. Lo más irónico es que figuran incrementos en gastos que se buscaba recortar como consultorías y asesorías, impresiones, servicios administrativos y alquiler de inmuebles –recuérdese todo el revuelo que se armó–. Los datos están actualizados al 30 de junio.

Esto no significa necesariamente que se gastará todo lo presupuestado, pero no es una buena señal política porque contradice el discurso oficial. Es entendible que la atención del Gobierno esté puesta en la crisis del sistema judicial, pero sería un error que abandone esta iniciativa, pues su objetivo es mejorar la eficiencia del gasto público. Sus antecesores no se preocuparon mucho por hacerlo ya que contaban con holgura fiscal, pero ahora la situación es distinta, por más que la recaudación se haya recuperado y esté reduciendo el déficit fiscal.

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