Editorial:A la deriva

RIGIDEZ LABORAL. La semana pasada, un nuevo fallo laboral mostró que, en términos generales, el Poder Judicial está inclinando la balanza a favor de la rigidez laboral cuando interpreta una norma, aun cuando la práctica y la lógica indiquen lo contrario.

Así como no resulta sensato que a una empresa agroindustrial se le obligue a mantener en planilla todo el año a los trabajadores que contrata solo para periodos de siembra o cosecha, tampoco una compañía de services puede mantener personal contratado para cubrir el servicio de un determinado cliente una vez que ese contrato ha vencido.

Desde hace más de diez años, diversas sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional consolidan la aplicación de la rigidez laboral en la contratación de trabajadores. Estas decisiones del Poder Judicial, que pueden ser discutibles, se deben a una sola razón: ningún gobierno desde hace más de 15 años asume con seriedad una reforma laboral.

Después del gobierno fujimorista faltó un análisis profundo que permita realizar los ajustes necesarios en la legislación laboral. El gobierno de Toledo empezó con buen pie, pero luego los intentos de cambios se empantanaron en el Consejo Nacional de Trabajo. Los siguientes gobiernos hicieron avances tímidos y hoy el país llega con una legislación poco competitiva y cada vez con mayor informalidad.

Si bien la raíz de la informalidad no es solo laboral, algunas modificaciones legislativas ayudarían a no desalentar la contratación formal. Lamentablemente, las buenas iniciativas, como la ley de modalidades formativas, o la que busca fomentar la contratación juvenil han sido bloqueadas desde los sectores de izquierda –que hoy controlan la Comisión de Trabajo del Congreso–, olvidando que con su actitud solo se perjudica a todos aquellos que actualmente no gozan de algún beneficio.

Es momento de que el gobierno de Martín Vizcarra tome decisiones y dé comienzo a una política que introduzca cambios y no solo parches. Por ejemplo, salvo la de modalidades formativas, las otras normas que se aprobarán bajo la delegación de facultades del Congreso serán pequeños ajustes. Por lo pronto, tendrá que enfrentar en los próximos meses las presiones de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea en la política laboral, aunque sin tener claro en qué consiste esta política para el Gobierno peruano.