Editorial: Demora inexcusable

COOPERATIVAS. Existen algunos temas que, sin importar la tendencia política, deberían unir a todas las autoridades. Uno de ellos es la lucha contra el lavado de activos. Por eso llama la atención que Fuerza Popular siga dándole largas a la aprobación del proyecto de ley que busca establecer que la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito sea obligatoria y esté en manos de la SBS, para así evitar que estas entidades puedan ser utilizadas como una fachada para delinquir.

La razón esgrimida por la bancada de Fuerza Popular para evitar la aprobación fue la necesidad de que el dictamen regresara a las comisiones de Economía y Producción para agregar las sugerencias de los parlamentarios.

Esta medida, al igual que el proyecto presentado por la congresista Úrsula Letona, para que el control no esté en manos de la SBS sino de una nueva entidad independiente (que debería crearse y para lo cual se requiere un cambio constitucional), lo único que buscan es dilatar una aprobación que desde toda perspectiva es indispensable.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha emitido más de 40 informes, y la Fiscalía ya investiga a unas 21 cooperativas por lavado de dinero. De las 671 cooperativas de ahorro y crédito registradas en la Fenacrep unas 151 se han sometido a una supervisión voluntaria y representan el 12.5% del sistema financiero. La SBS ha insistido en la necesidad de aprobar este proyecto, pues los hechos demuestran que muchas de estas cooperativas se crean únicamente para el lavado de dinero, no en vano en la zona del Vraem existen 166 de ellas.

¿Por qué estar en contra de la supervisión? Si esta fuera negativa para las cooperativas no habría 151 que voluntariamente se han sometido a ser fiscalizadas, por el contrario, los especialistas afirman que podrían conseguir mayores fondos e incluso dar préstamos para vivienda si estuvieran supervisadas.

¿Existe algún tipo de interés por parte del Congreso para evitar aprobar el dictamen? Algunos parlamentarios aseguran que Fuerza Popular tiene intereses alternos para dilatar la aprobación de la norma, como que miembros de la bancada asesoran a varias de estas entidades o que algunos aportantes del partido naranja son propietarios de cooperativas.

La mejor manera de echar por tierra esas afirmaciones, es aprobar una norma que, sin duda, puede ser susceptible de mejoras en el tiempo, pero que no debe demorarse más. De no hacerlo, el compromiso de Fuerza Popular contra el lavado de activos puede quedar mellado.