Editorial:Debate de cuidado

PARLAMENTO.  Ahora que el Congreso ha decidido prestar un poco más de atención a su labor legislativa, convendría saber qué criterios aplicará para priorizar su abultada agenda de proyectos e iniciativas de ley. El notorio cambio de actitud de la oposición fujimorista, que ya no se muestra inclinada a poner obstáculos al Gobierno, podría augurar que la producción legislativa sea menos controversial que hace unos meses.

Esto significaría que, antes de ser aprobadas, las leyes pasarán por un debate previo entre los congresistas y el Ejecutivo, en especial porque un buen número de proyectos e iniciativas tiene incidencia sobre la estabilidad jurídica y los fundamentos del modelo económico que consagra la Constitución y, por extensión, sobre la inversión privada.

Por ejemplo, el Parlamento tiene en la mira revisar los contratos de concesiones viales y la regulación de los peajes, pues se ha hecho eco de las protestas de los transportistas y de la reacción inicial del Gobierno, que luego matizó pues el ministro de Economía advirtió de lo contraproducente que sería tomar ese camino. Si bien los contratos de concesión no están grabados en piedra, habrá que pensar bien qué hacer para no poner en riesgo lo avanzado.

Una propuesta de similar corte tiene que ver con fijar precios tope a los medicamentos. Indecopi no se ha pronunciado porque está analizando varios proyectos de ley similares, pero habría que recordar que los controles de precios no son una solución eficiente cuando existen mecanismos para detectar comportamientos de abuso de posición de dominio de mercado.

Otro asunto sobre el que el Congreso tendrá que decidir es el pedido de facultades legislativas que ha formulado el Ejecutivo. Tres de los seis grandes temas planteados son económicos. Además del tributario y la reconstrucción, figura el impulso de la competitividad. Destaca el pedido para ampliar por 21 años los beneficios a la agroexportación y extenderlos a la acuicultura y la forestería. En 15 años, las exportaciones agrícolas se han multiplicado por diez, de modo que ampliar el abanico de opciones podría atraer nuevas inversiones.

Asimismo, se tendrá que debatir la renovación de los derechos de pesca de anchoveta, pues la vigencia del marco legal vence en julio. Dado que la bancada oficialista es pequeña, el Congreso tendrá que escuchar a los ministros de cada sector para conocer la posición del Ejecutivo sobre cada tema y evitar que el presidente termine observando leyes, a no ser que se pretenda aprobarlas por insistencia.